La disputa abierta entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, suman un nuevo round a la ya desgastada relación entre el jefe de Estado argentino y los gobernadores. 

La razón del conflicto entre Milei y Torres se vincula a la decisión del presidente y su equipo de retener una parte de los fondos por coparticipación que Nación le asigna mensualmente a la provincia. El gobierno justifica esa decisión en base a una deuda histórica que Chubut mantiene con la Nación. Al reclamo de esa provincia, se plegaron el resto de mandatarios patagónicos y la mayoría de gobernadores de todo el país.

El malestar entre Milei y los gobernadores se remonta a las primeras semanas de gestión del nuevo presidente. La falta de acuerdo en torno a la Ley Ómnibus es el disparador del conflicto entre ambos (¹).

El presidente cree que los jefes provinciales no cumplieron su palabra de brindarle apoyo a ciertos artículos o incisos de la ley que él consideraba imprescindibles. Algunos de los puntos que más controversia y polémica generaron fueron la declaración de emergencia en 11 áreas de política pública, una amplia legislación delegada desde el Congreso al Poder Ejecutivo, el aval para avanzar en la privatización de una gran cantidad de empresas públicas y la eliminación de fideicomisos provinciales, entre otros.

La reacción del gobierno a la falta de acuerdo fue primero retirar el paquete fiscal y luego la ley en su totalidad. El retiro del paquete fiscal significó un gran revés para las provincias que esperaban recuperar parte de los fondos resignados con la sanción del nuevo régimen de Ganancias en septiembre pasado. 

Las trabas para avanzar en ese proceso provocaron el desfinanciamiento de las provincias. A la par, el gobierno no pudo avanzar en un plan de reducción del déficit fiscal que contara con suficiente apoyo político.

A esa secuencia de eventos, se le sumaron dos nuevos capítulos con el retiro del Fondo Compensador para el Transporte del Interior y el Fondo de Incentivo Docente. Las provincias reclaman además otros programas o fondos que tampoco fueron girados o que directamente fueron dados de baja (²).

El presidente ha culpado abiertamente a los gobernadores del fracaso en las negociaciones. Habiendo la Ley Ómnibus naufragado en su paso por la Cámara de Diputados, es bueno aclarar una serie de cuestiones que se desprenden del sentido común, la práctica democrática y de las normas constitucionales vigentes: 

• Los Diputados de la Nación responden al pueblo, no a las provincias o a los gobernadores (³). Son los Diputados los responsables de analizar y evaluar a partir del buen juicio los méritos de cada proyecto de ley para luego proceder a votar a favor o en contra, primero “en general “y luego “en particular” con la posibilidad de introducir modificaciones. Para una ley omnicomprensiva como la Ley Ómnibus, la votación “en particular” es especialmente relevante, siendo que es en esta instancia donde los legisladores pueden manifestar sus posturas a favor o en contra en relación a cada aspecto contenido dentro de la ley

• El mandato de los funcionarios electivos en general (y de los legisladores en particular) es libre, no imperativo. Esto quiere decir que tienen la opción, en caso de que las circunstancias así lo requieran, de cambiar de opinión o no acatar sus promesas de campaña sin por ello recibir sanción o castigo alguno. Se entiende que los representantes del pueblo reunidos en asamblea deben poder contar con la suficiente libertad para cambiar sus posturas si las circunstancias sufrieran asimismo una modificación (⁴)

• El mandato libre rige también para el presidente de la Nación. Por poner un ejemplo, que el presidente haya reconsiderado su postura en torno a la reforma a la ley de Ganancias de septiembre pasado es una potestad que le asiste en condición de funcionario público

• El mandato de cambio reflejado en las urnas se presta a múltiples interpretaciones. No existe un mensaje unívoco, claro y preciso que indique el rumbo o la dirección del cambio que los electores confieren a los elegidos con su voto (mucho menos, las medidas o proyectos de ley concretos que apoyarían). Por lo tanto, tampoco existe algo como “traición” de los representantes para con el pueblo

• Los legisladores en el recinto deben poder intercambiar opiniones e ideas con sus pares que los lleven a reconsiderar sus puntos de vista iniciales. El diálogo se vale de la persuasión y la argumentación para lograr su cometido de convencer y lograr construir las mayorías necesarias para promover o bloquear, según el caso, políticas públicas específicas(⁵)

• Los gobernadores defienden los intereses de sus provincias. Esto involucra cuidar las finanzas públicas provinciales y evitar todo endeudamiento que condicione el bienestar de las generaciones futuras. También incluye respetar y acatar lo más fielmente posible el mandato del pueblo contenido en las urnas

• Lógicamente, el bienestar de las provincias no debería lograrse a costa del bienestar de la Nación en su conjunto (⁶). Pero, teniendo en cuenta las diversas interpretaciones y puntos de vista existentes, determinar de manera fehaciente e inequívoca qué erogación o transferencia del gobierno central a los distritos es o no lesiva al interés general (o cuál es justa y cuál no), puede ser sumamente complicado. De allí que deba ser materia de negociación entre actores políticos en diferentes niveles 

• La negociación y el diálogo receptivo son los pilares de una democracia republicana. Su contrario, la imposición y la amenaza, no son bienvenidas en un país que quiera avanzar en esa senda. Esa premisa rige para presidente, gobernadores e intendentes

• La judicialización de la política es consecuencia de la falta de diálogo y consenso entre actores políticos y sociales clave. Cuando el diálogo está ausente, el poder judicial se hace presente para destrabar todo aquello que la política no está en condiciones de tramitar o gestionar como corresponde (⁷)

Razones del fracaso de la Ley Ómnibus

El fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso se funda más en la inexperiencia negociadora del gobierno que en traiciones o mala fe de parte de los actores involucrados. 

En el discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, el presidente ha manifestado su idea de avanzar en un acuerdo político de 10 puntos que permita sacar a Argentina de la grave situación de crisis en la que se encuentra. 

Ese anuncio fue muy bien recibido por la opinión pública, ya que mostraría en principio una mayor apertura y voluntad de diálogo para con sectores que piensan diferente, especialmente los gobernadores y los partidos políticos de la oposición.

El gobierno podría aprovechar esa instancia para producir acercamientos y tender puentes con sectores dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica o gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo más radical. 

Asimismo, es una oportunidad para reconciliarse con gobernadores referenciados en el Pro, como Ignacio Torres de Chubut o Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

La Libertad Avanza no tiene actualmente los números necesarios para avanzar con leyes en el Congreso sin la venía de la oposición. Si desea no repetir el fracaso de la Ley Ómnibus, debería evitar 3 errores que precipitaron el retiro de la ley del recinto:

1)Funcionar como “partido”, no como una coalición: una coalición legislativa amplia, estable y de bajo costo le permitiría al gobierno avanzar de manera más firme en la construcción de mayorías legislativas

2)Presentar proyectos de ley amplios y que reúnen temas muy heterogéneos y complejos: que el presidente y su equipo de gobierno busquen priorizar los temas a partir de las urgencias del país no es una debilidad, sino una fortaleza

3)Negociar la ley a partir de su entrada al Congreso y no antes: las coaliciones más exitosas del mundo no pierden la oportunidad de iniciar un proceso de diálogo y negociación por fuera del recinto legislativo, antes de enviar formalmente las leyes para su tratamiento. De esa manera, logran ajustar a tiempo las preferencias del gobierno a las preferencias de los legisladores con el objetivo de poder avanzar de manera más expeditiva, reducir la brecha de opiniones y evitar tener que ceder en cada aspecto de la ley a posteriori

La imagen de un presidente que permanentemente cede a las demandas de otros actores no es una imagen digna de un jefe de Estado ante la opinión pública.

En los próximos meses, el gobierno tendrá seguramente la posibilidad de “cobrarse revancha” con la conformación de una coalición política más sólida y estable que ponga en marcha un proceso de cambio sustentable para la Argentina que viene.  

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1. Formalmente, la denominada ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ↩︎
2. Como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal en la Provincia de Buenos Aires o el Fondo de Integración Sociourbana
   ↩︎
3. El artículo 45 de la Constitución Nacional (CN) afirma: «La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios…» ↩︎
4. Esta condición o criterio podría considerarse complementario de aquel otro que sostiene que los legisladores no pueden ser sancionados o perseguidos por las opiniones que emitan durante el transcurso de su mandato. De allí que cuenten con inmunidad parlamentaria (CN art. 68)
   ↩︎
5. Con mandato imperativo, esta opción no estaría disponible, ya que las opiniones y posicionamientos en torno a una ley en particular se encontrarían definidos de antemano, sin la posibilidad de sufrir modificaciones en el recinto al calor del diálogo, la persuasión y la negociación. La cohesión y disciplina partidaria, en este caso, sería total ↩︎
6. El art. 128 de la CN dice expresamente «Los gobiernos de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación» ↩︎
7. La justicia en una democracia avanzada es el árbitro último de interpretación de las normas y debería aparecer en casos puntuales y a cuentagotas para resolver litigios donde esté en juego la interpretación o determinación de supremacía de dos o más normas en conflicto ↩︎