El gobierno de Javier Milei se enfrenta por estos días a su peor adversario: una clase política en el Congreso capaz de derribar sus propuestas de cambio. Esa clase política, cada vez más unida, es también capaz de poner en marcha y llevar adelante políticas públicas que contraríen los deseos y metas del presidente.
Así lo demostró esta semana con la sanción en el Senado (previa aprobación en Diputados) del proyecto de recomposición de haberes jubilatorios.
Asimismo avanzó en las últimas horas con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el gobierno que estipulaba una asignación de $100.000.000 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para gastos reservados.
El presidente reaccionó a estas iniciativas de la peor manera: en redes sociales y programas de radio salió abiertamente a insultar y criticar a la oposición tildándola de irresponsable.
El proyecto de recomposición jubilatoria pone en riesgo, según el presidente, su principal objetivo de gobierno: reducir el déficit fiscal para eliminar la inflación.
Con una inflación en baja desde hace meses, el temor del gobierno es que ese proceso pueda revertirse. Pero al criticar a la clase política, no dudó en poner en una misma bolsa a los diferentes partidos que no forman parte del gobierno: el mismo trato recibió el Pro y Unión por la Patria, pasando por la UCR y los peronistas no alineados.
Más llamativa es la relación que actualmente existe entre el presidente Milei y el Pro, una relación de creciente tensión, a pesar de que el segundo apoyó a Milei durante la segunda vuelta electoral y comparte en buena medida sus principales postulados ideológicos.
Tras ocho meses en el poder, se puede observar, más allá de algunos éxitos económicos, que el presidente no cuenta con una coalición política a nivel nacional que le permita llevar adelante su programa de gobierno.
En lo que resta de este artículo, me concentraré en las causas que explicarían este déficit político que tiene impacto en los resultados y en la calidad de vida de los ciudadanos:
1)Por un deseo o preferencia del presidente por diferenciarse de la clase política tradicional -la casta- y sostener por esa vía su apoyo ante la opinión pública. Su condición anterior de outsider facilita esta demarcación.
La máxima parecería indicar que, cuanto más el gobierno busque diferenciarse de los políticos tradicionales a los que señala con nombre y apellido, mejor imagen cosecha ante la opinión pública. La opinión pública es fácilmente medible hoy en día a través de encuestas, entrevistas, focus group y otros instrumentos de índole cuanti y cualitativa.
La herramienta para dejar “mal parados” a los políticos es X, ex Twitter. Allí el presidente suele, a la manera del ex presidente Donald Trump en Estados Unidos o el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desparramar insultos y ofensas que no logran ser contrarrestados por sus destinatarios, a quienes se los acusa de los peores males.
El presidente despliega todo su arsenal y expertise en redes sociales para lograr fijar agenda en los medios de comunicación principales y promover una rápida viralización de sus contenidos.
Al igual que en otros países de la región, la mala imagen y reputación de la elite política en general, y ciertos políticos en particular, juegan en favor del jefe de Estado a la hora de instalar con éxito el contenido de sus tweets.
2)Por desconfianza del gobierno hacia la clase política tradicional y viceversa.
La desconfianza procede normalmente de dos fuentes: el desconocimiento y el desacuerdo respecto a ciertos estándares éticos comunes entre dos o más personas o grupos.
Se podría decir que el gobierno siente desconfianza hacia el resto de los partidos porque, por un lado, no ha podido (o no ha querido) establecer lazos de amistad y trato directo para con sus miembros que promuevan la confianza y el conocimiento entre partes.
Además, por otro lado, reniega de la condición moral de muchos de ellos. Este último aspecto dificulta a su vez conseguir lo primero.
Como mencioné en mi primer punto, los insultos e improperios del presidente a través de X, aunque lo posicionen bien ante la opinión pública (y pueda ganar consiguientemente en popularidad), se le vuelven ahora en contra a la hora de intentar establecer relaciones políticas más sólidas y maduras con el resto del arco político.
En este sentido, se podría mencionar también como fuente de discordia y generador de desconfianza la diferencia de posiciones que exhiben en público el presidente y sus ministros .
Durante el tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida se pudo observar muchas veces que el presidente afirmaba una cosa y sus ministros tras bambalinas hacían otra.
Es que, mientras el presidente se mostraba inflexible en público y vertía insultos contra la oposición, los ministros y asesores con el ministro del Interior a la cabeza no dudaban en reunirse, acordar y ceder en una innumerable cantidad de cuestiones, a punto tal que una ley de 664 artículos pasó en cuestión de meses a sancionarse con un total de 238.
Pero ceder no es igual que negociar y una predisposición así acentúa la debilidad de un gobierno ya de por sí débil políticamente (en minoría parlamentaria).
Esa debilidad es aprovechada por la oposición para “correrle el arco” al gobierno y lograr sus cometidos de introducir apartados legislativos adicionales que la beneficien políticamente.
La desconfianza entre actores es extensible, en un grado igual o más perjudicial, al plano de la diplomacia y la política exterior. La falta de coherencia en este campo es visible cuando la ministra de relaciones exteriores argentina tiene un trato y discurso con China y Brasil (dos de los principales socios comerciales del país) muy diferente al que exhibe el presidente. Mientras una acerca posiciones, el otro las aleja.
Aunque el presidenta consienta de alguna manera esta lógica de funcionamiento del gobierno en aras de un mayor realismo político, la desconfianza entre actores internacionales no cesa de escalar.
Ese proceder daña la reputación de Argentina como socio comercial en un momento donde el gobierno nacional busca activamente promocionar la llegada de inversiones y mejorar el vínculo comercial con el resto de los países del mundo.
3)Por desconocimiento acerca de la mecánica de un gobierno eficaz, basado siempre o casi siempre en un sólido respaldo legislativo que garantice dos pilares fundamentales: la representatividad y la gobernabilidad democráticas (modelo presidencial-parlamentario).
Los gobiernos más eficaces y con mejores resultados se sustentan en una coalición legislativa amplia, sólida y estable en el tiempo. La condición de estabilidad reduce el costo de transacción entre actores políticos, permitiendo que el acuerdo y la negociación sean la norma y no la excepción.
Esto habilita, a su vez, a que los acuerdos fluyan libremente, ahorrándose el gobierno tiempo, recursos materiales y esfuerzos intelectuales en el camino a la sanción de importantes leyes (1).
Si los costos de transacción se reducen y los acuerdos fluyen, también aumenta la confianza y se reduce la incertidumbre política.
Para mantener la coalición unida, se suelen ofrecer incentivos materiales a los demás partidos, normalmente en forma de ministerios o secretarías relevantes. Esto de ninguna manera significa que los políticos vayan a ocupar el lugar de los técnicos, sino más bien que los mejores técnicos y cuadros políticos son extraídos de los propios partidos, que funcionan a su vez como centros de formación de dirigentes (2).
Se logra así establecer una cierta proporcionalidad entre la conformación del gabinete y la conformación del Congreso, donde uno termina siendo (en mayor o menor medida) un espejo del otro.
La necesidad de formar un gobierno de coalición quedó de manifiesta durante el tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida. Allí el gobierno destinó una cantidad de tiempo récord (unos 6 meses) para sancionar una ley que, dicho sea de paso, ha sido modificada una innumerable cantidad de veces en temas enormemente sensibles para el gobierno.
Asimismo, el solo hecho de haber sancionado una sola ley desde diciembre hasta esta fecha es un claro indicador de que los números en el Congreso no lo acompañan, razón suficiente para reflexionar acerca de la perentoria necesidad de construir y fortalecer una política de alianzas de alcance nacional que aseguren mayor representatividad y gobernabilidad democráticas.
4)Por falta de cohesión al interior de los partidos y bloques legislativos que repercute negativamente en la formación de mayorías legislativas.
Es de destacar que en esta nueva etapa política, más que las diferencias entre partidos, sobresalen las diferencias dentro de los partidos.
Si los partidos políticos no funcionan en forma cohesionada o como bloques únicos, es más difícil establecer mayorías, ya que la negociación se torna más dificultosa. Por el contrario, a mayor alineamiento intra-partido, más fácil es para el gobierno (ceteris paribus) negociar y acordar con la oposición.
El arribo de Javier Milei a la presidencia provocó un cimbronazo al interior de los partidos y coaliciones. El signo más visible de ese terremoto político fue la desintegración de Juntos por el Cambio, otrora la coalición política opositora más exitosa de las últimas décadas.
Juntos por el Cambio se disolvió debido a diferencias entre sus partidos miembros respecto al rol y posicionamiento frente al nuevo gobierno. Mientras que algunos miembros eran partidarios de apoyarlo activamente sin medias tintas (ej, la facción bullrichista del Pro), otros preferían mantener cierta distancia crítica (ej, el sector del radicalismo que responde a Facundo Manes).
Esa fragmentación al interior de los partidos se tradujo en la proliferación de nuevos bloques legislativos en el Congreso. Se crearon bloques nuevos como Encuentro Federal (anteriormente, Hacemos Coalición Federal) liderado por Miguel Ángel Pichetto, e Innovación Federal, un bloque legislativo que reúne a diferentes provincias que buscan proteger y defender sus intereses territoriales en el Congreso.
Encuentro Federal es un bloque compuesto por ex miembros del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. Tal es el caso del propio Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño.
5)Por la utilización excesiva de instrumentos extra legislativos para gobernar, que pretenden saltearse los controles políticos e institucionales normales, si no legalmente, por costumbre y tradición. A esos instrumentos podríamos añadirles el veto presidencial del que hizo uso recientemente el presidente para vetar la nueva ley de recomposición de haberes jubilatorios. Esta tendencia al uso de estos instrumentos daña severamente la confianza entre actores políticos claves (3).
Con el concepto de “instrumentos extra legislativos” me refiero no solamente a los famosos y conocidos “decretos de necesidad y urgencia” con rango constitucional, sino también a muchas medidas administrativas (decretos, resoluciones) que carecen de respaldo, consenso y legitimidad política.
Tal es el caso de medidas ejecutivas como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior y el Fondo de Integración Sociourbana de Buenos Aires (FISU).
Asimismo, el nuevo esquema de diseño, implementación y financiamiento de la obra pública es una decisión tomada a las apuradas, ya que no existe evidencia sobre que los capitales privados en el país cuenten con los incentivos y determinación suficientes para realizar las obras públicas y de infraestructura que necesita el país para conservarse, crecer y desarrollarse.
Este esquema podría desembocar en mayores asimetrías sociales entre provincias, ya que los capitales privados estarán únicamente interesados en realizar inversiones que les reditúen económicamente. Por lo pronto, esa decisión forzó a las provincias a asumir el costo de hacerse cargo de algunas obras dejadas de lado por el gobierno nacional.
Es esperable que muchas de esas medidas, presión social mediante, sean revertidas por una nueva administración en el futuro, ya que no gozan de legitimidad social y apoyo político.
Mirando hacia adelante: los gobierno de coalición en el país
Cambiar las conductas y los hábitos no es una tarea fácil. La cultura política se resiste al cambio. Esa resistencia al cambio suele ser mayor cuanto mejor le va al gobierno.
Aunque el país se encuentre en crisis, actualmente se exhiben desde el gobierno algunos resultados económicos alentadores, como la baja en la inflación, la reducción del déficit fiscal y una muy incipiente recuperación económica a partir del mes de julio.
A pesar de ello, el enfrentamiento entre la Presidencia y el Congreso abre un nuevo capítulo de tensión entre actores políticos. Es de esperar que, a medida que el país se recupere económicamente, las tensiones políticas vayan en aumento y no al revés. A medida que aparezcan más recursos, la puja distributiva será también mayor.
Hay que señalar que los problemas políticos del país no arrancaron con este gobierno: los problemas políticos relacionados a la formación de gobiernos de coalición se remontan, por lo menos, a La Crisis de 2001 y la experiencia de La Alianza por la Justicia, el Trabajo y la Educación (conocida popularmente como La Alianza). Esa experiencia traumática dejó secuelas en la confianza entre políticos y entre políticos y ciudadanos.
Reestablecer esa confianza probablemente requiera mayor esfuerzo por parte de todos. Observar y reflexionar detenidamente sobre los casos de Uruguay, Chile y Brasil (y de los países europeos con sistemas parlamentarios) de las últimas décadas pueden ser ilustrativos acerca del camino que debería recorrer la Argentina para mejorar el funcionamiento de su política democrática.
- Dentro de América Latina, el gobierno blanco de Luis Lacalle Pou en Uruguay podría citarse como un ejemplo en este sentido. Ese gobierno se compone de una coalición de cinco partidos con amplia representación en el gabinete. La negociación y el acuerdo son la norma. Los partidos que componen la coalición son el Partido Nacional (el del presidente), el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido de la Gente.
↩︎ - No hay que olvidar que, en una democracia representativa, los partidos políticos son los órganos encargados de representar y canalizar en forma ordenada las demandas y necesidades de la ciudadanía. Cuando los partidos se debilitan o desaparecen, esas demandas se suelen canalizar por una vía no institucional ↩︎
- Sin ir mas lejos, el actual diputado jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, afirmó «El Presidente tiene el derecho al veto, pero eso también tiene efectos y consecuencias»: https://www.ambito.com/politica/la-advertencia-miguel-angel-pichetto-javier-milei-el-veto-la-reforma-jubilatoria-eso-tiene-consecuencias-n6052529 ↩︎
Escritos Políticos 