Entre 1983, año del retorno a la democracia, y la actualidad hay pocas cosas en la sociedad argentina que no hayan sufrido cambios. En algunos casos, esos cambios han sido mayores; en otros casos, menores. Cuestiones tan diversas como las generaciones, la cultura, la legislación y la estructura social han variado en mayor o menor grado.
Por solo poner un ejemplo, hoy en día el tamaño de la clase media es sustancialmente menor al que existía en el año 1983, a la par que se produjo en nuestra sociedad un aumento en el número de pobres estructurales y de “nuevos pobres”.
Del mismo modo, el porcentaje de trabajadores no sindicalizados del total de trabajadores en activo ha aumentado considerablemente, lo que ha debilitado el poder corporativo sindical. A su vez, el otrora poder corporativo más importante, las Fuerzas Armadas, se ha debilitado en extremo hasta perder enteramente su relevancia.
Culturalmente hablando, el apego de los argentinos a las normas y las buenas costumbres (aunque nunca fue muy alto, como lo atestiguan los innumerables apoyos civiles a golpes militares en el siglo XX), ha disminuido, como se puede apreciar, por ejemplo, al observar cómo personas de distinto origen y clase social acceden diariamente al transporte público sin abonar previamente a la vista de trabajadores y usuarios quienes prefieren hacer la vista gorda o cuando se omite el necesario respeto a las autoridades, como sucede con maestros de escuela, policías o también autoridades políticas.
Más allá de las cosas que han cambiado, que no son pocas, hay una que permanece sin modificaciones: la preferencia de los argentinos por un régimen democrático por oposición a uno autoritario 1. Los argentinos valoran los derechos y libertades conquistados hace cuatro décadas y no desean perderlos.
Ahora bien, el desempeño económico de los gobiernos surgidos de elecciones democráticas ha sido francamente muy negativo , lo que podría repercutir en los niveles futuros de apoyo. De hecho, a nivel regional aumenta consistentemente a través de los años el porcentaje de personas que solo desean vivir bien económicamente sin importar las condiciones políticas y jurídicas del país 2.
Pensar en autoritarismos en un país como el nuestro produce escalofríos: Argentina es un país con una historia de regímenes militares que no pocas veces han pasado por alto las reglas básicas de la democracia o pisoteado abiertamente los derechos humanos con crímenes que han sido considerados por los Organismos de Derechos Humanos como “crímenes de lesa humanidad”, es decir, crímenes que atentan contra la dignidad de la persona y, por lo tanto, no prescriben.
La democracia en riesgo
Es necesario poner el foco en el hecho de que, si bien el “consenso democrático” aún perdura, la confianza en determinadas instituciones democráticas (como el Congreso de la República y el Poder Judicial) se resiente 3. A decir verdad, esta es una tendencia mundial, tendencia que ha llevado a la elección de líderes populistas que buscan enterrar de un plumazo los cimientos del antiguo orden.
En Argentina asistimos en los últimos años y, en especial, en el último año y medio, a un empeoramiento de las condiciones que hacen posible la práctica de la democracia. A ese empeoramiento de las condiciones para el ejercicio democrático, lo acompañó la elección de un líder populista con fuertes rasgos mesiánicos y autoritarios.
La democracia no es simplemente asistir a las urnas cada dos o cuatro años para elegir autoridades; es mucho más que eso. A continuación, haré una lista lo más breve posible de las condiciones que dificultan la práctica de la democracia en el país:
1)Libertades civiles: La dificultad creciente para ejercer el periodismo. La libertad de prensa y de opinión está en riesgo.
Si bien existe en nuestro país una legislación que protege y promueve la libertad de prensa y de opinión (libertades y derechos que tienen jerarquía constitucional), la pauta publicitaria oficial ha sido utilizada durante años para premiar a algunos medios de comunicación y castigar a otros. Esta tendencia a distribuir de manera discrecional y arbitraria los recursos de todos los argentinos según las preferencias políticas e ideológicas de los gobiernos de turno, ha resultado ser un método eficaz para silenciar voces críticas y enaltecer otras voces que consienten y aplauden sus actuaciones.
El gobierno de Javier Milei ha suspendido temporalmente la pauta oficial; no obstante, también se ha incrementado fuertemente el apriete y el acoso a periodistas, intelectuales y artistas que no comulgan con las ideas o acciones del gobierno.
Ha vuelto una práctica muy usual durante años pasados (más precisamente, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015) que consiste en “escrachar” a través de la televisión o las redes sociales a quienes disienten y critican a viva voz algunos aspectos del “modelo oficial” que no les satisface.
En un país democrático, conductas oficiales de este tipo son inaceptables, ya que generan la autocensura y el retraimiento a posiciones más conservadoras de sus ciudadanos, cuando no un perjuicio psicológico o incluso físico para quienes lo sufren. La democracia, tal como la conocemos, se vale de la libertad, el pensamiento crítico y el debate no violento para alcanzar sus propósitos.
Por su parte, las conferencias de prensa son un espacio que controla meticulosamente el gobierno para desplegar su relato, ya que supervisa de manera estricta la admisión o no a la sala de trabajadores y medios de prensa.
Finalmente, el gobierno nacional accede a brindarle entrevistas únicamente a aquellos periodistas afines a su proyecto político en una clara muestra de desprecio hacia el cumplimiento del deber y la responsabilidad institucional de informar y dar cuenta públicamente de los actos de gobierno.
En este marco, los periodistas suelen autocensurarse y limitarse a preguntar aquellas cuestiones que no molestan al gobierno, sacrificando su deber de informar de manera objetiva, neutral y crítica. Este comportamiento errático de determinados medios y periodistas, muy dañino para el ejercicio transparente de la democracia, se ha venido profundizando en los últimos años.
2)Gobierno por decreto: Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU, artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional) eluden la vía ordinaria de promulgación de leyes y clausuran en última instancia la discusión, el debate y el intercambio de opiniones con especialistas.
El primer gobierno en disponer de este instrumento fue el gobierno de Raúl Alfonsín durante la década de los ´80. Pero se popularizó en los ´90 para acelerar la implementación de reformas estructurales pro-mercado. Una sentencia de la Corte Suprema durante ese período avaló la regla de aprobación tácita por la cual los decretos cobran validez si el Congreso no se reúne para rechazarlos en forma explícita. Con la reforma a la Constitución Nacional del año 1994, esos decretos se incorporaron definitivamente a la Ley Fundamental.
Algunos partidarios de este gobierno han defendido el uso de este instrumento argumentando que el gobierno carece de una mayoría en el Congreso. Pero que el gobierno no tenga mayorías propias, no lo habilita a gobernar vía DNU, ya que aun cuenta con la posibilidad de tejer alianzas con otros partidos políticos para alcanzar las mayorías requeridas según la ocasión.
El presidente Javier Milei ha buscado, en su lugar, hacer alianzas con algunos gobernadores, pero no todos los gobernadores tienen el mismo poder de influencia sobre los legisladores electos por su provincia (por ejemplo, aquellos que responden a la oposición).
Sería muy útil, desde mi humilde opinión, que el presidente buscara fortalecer (y no debilitar) a los partidos políticos para así poder entablar acuerdos y alianzas de larga duración. La evidencia es contundente con respecto a que los intentos de acuerdo transitorios con legisladores o gobernadores por separado (amen de oscuras y de dudosa legalidad) son un camino que conduce al fracaso.
3)El uso desmedido del veto presidencial. Desde mediados de 2024, el presidente de la Nación ha vetado toda ley que el Congreso sancionó de manera independiente, sin mediar la influencia del Poder Ejecutivo 4. El Ejecutivo no debería arrogarse la totalidad de la representación política y observar que una buena parte de esa representación tiene su origen y asiento en el Congreso Nacional, no en el Poder Ejecutivo.
Además, es bueno recordar que, aunque el veto presidencial es una potestad constitucional, su uso sistemático puede poner en riesgo el edificio de la democracia 5 .
Como afirma el politólogo estadounidense, Steven Levitsky en su libro “Cómo mueren las democracias”, todo actor político debe interpretar las leyes con arreglo a dos principios: tolerancia mutua (mutual toleration) y contención institucional (institucional forbereance). Un liderazgo democrático debe ser tolerante para con el adversario, esto es, respetarlo, aceptarlo e integrarlo en lo posible dentro del juego de la democracia aun cuando no comparta sus visiones y puntos de vista. Contención institucional alude al uso equilibrado (no sistemático, no abusivo) de toda herramienta constitucional o de gobierno.
En la actualidad, el uso del veto presidencial ha distorsionado hasta tal punto el ejercicio de la democracia que los legisladores saben que, de facto, necesitan reunir una supermayoría exorbitante de 2/3 de los miembros presentes (la mayoría requerida para superar el veto presidencial) para sancionar cualquier proyecto de ley que no tenga el apoyo o aval del Poder Ejecutivo.
4)El conflicto como modo de hacer política: Este gobierno se nutre de una visión profundamente tecnocrática y economicista de la gestión pública. Consciente o inconscientemente, responde a una visión muy arraigada en la derecha argentina de que los problemas del país en casi un siglo tienen su raíz exclusivamente en una mala gestión de la economía, menospreciando el componente político, cultural y sociológico del problema.
Si se acuerda de la política, es simplemente para denostar a una “casta política” que, según su visión, se benefició a costa del individuo de problemas como la inflación, la corrupción o la pobreza. Pero hacer política para este gobierno no tiene mayor relevancia, salvo para ganar una elección o denostar en redes sociales a sus enemigos.
Una mirada técnica-política debería abordar los problemas de la política argentina de manera independiente, luego de reconocer su importancia y su inherente complejidad en el derrotero de la historia argentina y luego de aceptar el componente consensual de esta. La política del siglo XXI no es simplemente conflicto, sino también consensos y es esto último lo que permite gobernar de manera efectiva bajo un régimen democrático. Cuando sobresale únicamente el conflicto, la democracia se resiente
5)Líderes mesiánicos: si alguien creyó que los liderazgos mesiánicos eran cosa del pasado, es necesario que reconsidere su postura. Gobiernos populistas “salvadores de la patria” han hecho su reaparición en el mundo occidental luego de un periplo de dominio de partidos y liderazgos más o menos comprometidos con la democracia y la república.
A la democracia liberal de fines del siglo XX y principios del siglo XXI la sucede actualmente una democracia iliberal conducida por caudillos autoritarios que se rebelan abiertamente contra las formas y los modos de la política tradicional y que buscan refundar el país. Vendrían a representar “lo nuevo”, “lo diferente”.
Ese el caso de Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador. También podríamos incluir en esta lista al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con su proyecto de La Cuarta Transformación.
Estos liderazgos creen ser portadores de una verdad universal, al enmarcar su tarea en una misión histórica que busca dotar de cierta épica su propio relato o interpretación de la historia. Por definición, se oponen a la democracia de partidos característica de nuestros sistemas representativos.
6)Política de seguridad interior y relaciones internacionales: La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha emitido una declaración que insta a la Argentina a no imponer “restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica” ya que no son compatibles con “los estándares internacionales en la materia”. Lo hizo en respuesta al “Protocolo Antipiquetes” elaborado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.
La ONU recuerda que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto a la ley y el pluralismo”. Se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”.
En el plano de las relaciones internacionales, el gobierno de Milei ha estrechado lazos con gobiernos de escasas o nulas convicciones democráticas, como son los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador e Israel.
Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha promovido una batería de medidas ejecutivas sin la intervención del Congreso que contraerían el espíritu de su Carta Fundamental basado en la división de poderes y los controles recíprocos. Además, ha hecho caso omiso a algunas decisiones de las Cortes que buscaban frenar esas medidas.
En el Salvador, el régimen de Estado de Excepción (vigente desde marzo de 2022, prorrogada sucesivamente) ha detenido de manera arbitraria (sin el debido proceso) a más de 85.000 personas. Además, se han denunciado y documentado innumerables torturas y abusos en las cárceles y un estimado de alrededor de 1000 personas (la mayoría no vinculadas a pandillas) han muerto en diferentes centros de detención bajo condiciones que se desconocen.
Por último, el gobierno de Israel es responsable de la muerte de miles de civiles en la Franja de Gaza. Los bombardeos del Ejército de Israel han provocado la muerte de cientos de niños y mujeres bajo condiciones que empeoran cada día más para los miles de personas que aún se encuentran con vida. Mientras gobiernos moderados como el de Chile retiraban a su agregado militar como señal de protesta, la Argentina fortalecía sus lazos con Israel a través de una visita de Estado que no ahorró en elogios y condecoraciones.
Conclusión
Como han observado analistas e intelectuales en los últimos años, la democracia en el siglo XXI no colapsa súbitamente por irrupción de golpes militares. En este siglo, la democracia de un país se deteriora (o se fortalece, según el caso) de manera progresiva.
Muchas veces, ese proceso de deterioro es imperceptible para los ciudadanos, quienes suelen tomar nota de los cambios ocurridos una vez que las condiciones para el ejercicio de la democracia se tornan mucho más adversas. Llegado ese momento, la denuncia o la protesta pueden ser herramientas válidas pero inútiles, cuando no peligrosas.
La democracia se resiente así en múltiples aspectos que incluyen también la vía electoral, donde el oficialismo, en lugar de recurrir al fraude abierto y descarado, manipula los hilos del poder antes de las elecciones para producir un efecto “cancha inclinada” en su favor.
Esto es, se vale de artilugios como los descriptos más arriba (presión y extorsión a periodistas, gobierno por decreto, veto incondicional y absoluto, búsqueda de soluciones técnicas a problemas políticos complejos) para tornar una democracia representativa con frenos y contrapesos en una democracia delegativa, según la expresión del politólogo argentino ya fallecido, Guillermo O´Donnell.
Advertir sobre el deterioro de la democracia en un país como la Argentina con un sistema presidencialista sin controles institucionales adecuados podría alertar a sus ciudadanos para que vigilen y exijan de manera independiente y con espíritu crítico el cumplimiento de las leyes en toda su cabalidad.
Este artículo es un aporte para entender la compleja realidad que nos rodea y que exige de parte de los ciudadanos una mayor conciencia y dinamismo cívico y de parte de sus gobernantes, mayor responsabilidad y rendición de cuentas.
- Según Latinobarómetro en su informe de 2025, luego de la elección de Javier Milei como presidente, el apoyo a la democracia aumentó en 13 puntos porcentuales, alcanzando el 75%. Es el más alto de la región. ↩︎
- Se puede descargar el último informe de Latinobarómetro haciendo clic aquí: https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724 ↩︎
- En prácticamente todos los países de América Latina, la confianza en instituciones como el Congreso o la Justicia es extremadamente bajo. Argentina no es la excepción. ↩︎
- En octubre de 2024, horas después de una masiva marcha multisectorial en las calles, el gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Este proyecto tenía el objetivo de sostener el funcionamiento de las universidades nacionales en el contexto de una alta inflación y la prórroga del presupuesto del año anterior sin la actualización de las respectivas partidas para infraestructura y salarios. Dos meses antes, en agosto de 2024, el gobierno vetó La Ley de Movilidad Jubilatoria que pretendía recomponer los haberes de una parte de los jubilados que habían sufrido una merma producto de la alta inflación. Igual suerte corrió la Ley de Emergencia en Bahía Blanca. ↩︎
- El gobierno ya adelantó también que vetará la nueva ley de recomposición de haberes a los jubilados, moratoria previsional, la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y las leyes sancionadas con el aval de los gobernadores que estipulan cambios en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). ↩︎
Escritos Políticos 