Ciertamente las instituciones en América Latina se encuentran en crisis. Así lo han reconocido numerosos analistas y especialistas en la materia. Ningún gran pensador u observador podría afirmar creíblemente que, en Latinoamérica, salvo muy contadas excepciones, las reglas y procedimientos que componen las organizaciones estatales o gubernamentales se cumplen de manera cabal.
Se reconoce, por el contrario, que ellas están ahí solo formalmente, con escasa aplicación práctica. En el mejor de los casos, solo son efectivas para un pequeño grupo sin comprometer al resto. Además, su aplicación en el tiempo suele estar acotada a los períodos en que la opinión pública (a través de los medios de comunicación y las redes sociales) fija su atención sobre un problema que despierta interés. Es un interés pasajero.
La frase “hecha la ley, hecha la trampa” no es una sentencia vacía, sino que describe de manera más o menos fiel la realidad presente en la región. Una realidad donde quien inflige la ley no obtiene el castigo correspondiente por parte de las autoridades. Esa realidad es extensible en mayor o menor grado a la totalidad de los países de América Latina, con muy escasas excepciones (1).
Los gobiernos de la región, cuando no son cómplices, se debaten entre movilizar recursos adicionales para castigar su incumplimiento o tolerar pasivamente ciertas infracciones. Se entiende que movilizar recursos extra es costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzos.
La gran cuestión aquí sería cómo controlar efectivamente a quienes se encargan de controlar. Sobre este último punto, la “teoría de juegos” se ha explayado en abundancia en lo que se dió a conocer como la relación entre un principal y un agente. Un dilema que si permanece irresuelto tiene graves repercusiones en términos de eficiencia.
En este sentido, existe un problema casi omnipresente en América Latina que se refiere a la capacidad extractiva del Estado, o sea, la capacidad efectiva del Estado para recaudar impuestos en todo el territorio. En comparación con los países desarrollados de Europa, esa capacidad suele ser muy limitada, lo que redunda en niveles elevados de evasión impositiva.
Además de problemas institucionales, existen otros problemas estructurales que aquejan de manera diferenciada a los distintos países como son: clivajes étnicos que fomentan la polarización, problemas de confianza interpersonal (y, particularmente, con las autoridades del Estado y del gobierno) que dificultan la formación de capital y sistemas económicos o monetarios que funcionan de manera inadecuada y generan inestabilidad.
La decadencia institucional, económica y social de la Argentina
En mi país, la Argentina, es posible identificar un mix de causas que explican la decadencia institucional, económica y social. Aunque no existan clivajes étnicos o lingüísticos de gran envergadura (mucho menos religiosos), sí existe un clivaje ideológico que merece ser destacado: el clivaje peronismo-antiperonismo.
Esa «grieta» ha recobrado vigor a inicios de este siglo, luego de un período (de dos décadas aproximadamente) en que parecía superado. Tras la crisis de 2001, el peronismo se reorganizó y viró hacia posiciones de izquierda que progresivamente lo alejaron de una sociedad defensora de posiciones más equilibradas. Especialmente cuando esas políticas de izquierda demostraron sus límites a la hora de enfrentar problemas como la pobreza, la inflación, la inseguridad, el crecimiento con equidad, etc.
Si bien el grueso de la ciudadanía suele ser más pragmática que sus dirigentes, el estado de la economía y la percepción sobre la seguridad ciudadana tuvieron un impacto directo y decisivo en la percepción de los ciudadanos sobre sus gobiernos. La economía comenzó a decaer, lo mismo que la simpatía de los ciudadanos hacia sus gobernantes.
En el ínterin (entre aproximadamente 2003 y 2008), el peronismo fue inteligente en posicionarse de tal modo de conservar o incluso ampliar sus chances electorales. Pero, como mencioné, esa estrategia presentó limitaciones.
Ese posicionamiento del peronismo a partir de 2003 no se produjo sin ruidos y sobresaltos. Por el contrario, tanto los niveles de conflictividad social como polarización entre 2003 y 2015 no cesaron de aumentar.
Luego de superada la pandemia de Covid-19, el surgimiento de la ultraderecha aumentó los niveles de polarización ya existentes. Actualmente, el peronismo, liderado por el kirchnerismo, y la ultraderecha, encarnada en La Libertad Avanza, se disputan el dominio del tablero político.
En Argentina, además del clivaje ideológico, persiste de manera sostenida un Estado crecientemente ineficiente. Independientemente del nivel de impuestos (más altos o más bajos), el Estado se demuestra ineficiente a la hora de realizar una de sus principales funciones: cobrar impuestos a cambio de ofrecer bienes públicos de calidad a sus habitantes.
Las causas de ese fracaso se deben a múltiples factores como la corrupción, la infiltración de intereses particulares en el Estado, falta de controles eficaces, dificultades operativas para rastrear actividades sospechosas, ausencia de tecnología, etc.
En la actualidad, mucho se habla en Argentina de reducir el gasto público, pero muy poco de su contraparte: aumentar de manera sostenida los ingresos del Estado para lograr alcanzar presupuestos equilibrados que, al mismo tiempo, permitan hacer frente a los requerimientos y necesidades del país.
En cierta manera, la obsesión por reducir los gastos estatales (en el contexto de un mundo alejado de esa preocupación) se relaciona a la particular historia económica argentina: una historia plagada de conductas irresponsables generadoras de desconfianza.
La historia de defaults e incautación de depósitos a los ahorristas por parte de los diferentes gobiernos son un lastre difícil de sobrellevar para un país sin acceso a los mercados internacionales de deuda.
Además, la emisión monetaria descontrolada ha socavado la confianza de los argentinos en su moneda y en las autoridades encargadas de regularla. Los políticos y funcionarios públicos son vistos, en este contexto, como parte del problema, más que de la solución.
Una mirada global sobre las necesidades y requerimientos del país debería abordar los riesgos, obstáculos y oportunidades que enfrenta para alcanzar el desarrollo con equidad. Un país que no genera confianza no es capaz de avanzar en la senda del progreso.
La liderazgos políticos en la Argentina
Anteriormente hice referencia a problemas estructurales, institucionales y otros más intangibles vinculados al capital social y la confianza y reputación del país. Esas variables o dimensiones explican una parte de los problemas.
La otra parte está relacionada a la calidad de la clase política, y particularmente, a la calidad de sus liderazgos. Argentina es actualmente un país sin liderazgos efectivos.
Si bien la ausencia de liderazgos parecería ser actualmente un problema mundial, en Argentina esa ausencia trasciende la mera coyuntura. Existe una gran incapacidad de los políticos argentinos (la elite política) para actuar de manera coordinada (2).
Esa falta de coordinación impide setear expectativas que faciliten los acuerdos y permitan generar un horizonte de futuro. A pesar de la flamante victoria del gobierno en las elecciones intermedias de octubre de 2025, nada parece indicar que esa realidad vaya a cambiar.
Aunque la retórica del presidente se haya suavizado, los acontecimientos recientes sobrescriben los discursos pronunciados anteriormente. Es que las palabras y los hechos no tienen evidentemente el mismo peso.
El presidente de la Nación, Javier Milei, ha demostrado una gran incapacidad para promover acuerdos duraderos con potenciales aliados, como el Pro, los radicales o el peronismo no kirchnerista. Además, ha hecho uso de su poder institucional para dividir a los partidos políticos en su interior( 3).
Recientemente también, haciendo gala de un ego personal inusitado, ha rechazado sentarse a dialogar con la oposición que gobierna el principal distrito del país: la provincia de Buenos Aires, donde reside cerca del 40% de los habitantes del país (4).
El presidente Milei podría aprovechar el triunfo electoral del pasado 27 de octubre para comenzar a ejercer un liderazgo efectivo. Un líder es el encargado de coordinar a los diferentes equipos de gobierno y presentar a la sociedad un relato de gobierno consistente y creíble donde los ciudadanos se puedan ver reflejados y sentirse representados.
Ese relato es eficaz en la medida en que los ciudadanos se lo apropien y hagan suyo al punto de que se constituya en fundamento de los esfuerzos y sacrificios realizados (o a realizar en el futuro) en pos de alcanzar una meta soñada o imaginada.
Por otra parte, un líder político debe poder cumplir las promesas de campaña. Si no todas, la mayoría. El argumento de que las circunstancias se transforman no debería actuar como excusa para evitar ser criticado. Al decir del ex primer ministro inglés Tony Blair en su libro “Sobre Liderazgo: Lecciones para el siglo XXI”, la entrega (delivery, en inglés) es clave a fin de alejar a los demagogos del ejercicio del poder.
Para que un liderazgo sea tal, es necesario que no solo posea el poder, sino también la autoridad. Lo primero es el resultado del acceso a un cargo o función de relevancia, mientras que lo segundo requiere además contar con ciertos dotes personales y habilidades sociales como actuar de manera honesta y transparente, servir de ejemplo para los demás, estar dispuesto a aprender de quienes saben más en un tema y priorizar la agenda de gobierno hacia los temas más relevantes, entre otros.
Inaugurando próximamente una nueva etapa de reformas en el legislativo, el presidente Milei aún está a tiempo de convertirse en un líder verdadero y revertir la larga historia de fracasos que frenan al país en el camino hacia el desarrollo.
- Un ejemplo de ello es Ecuador, donde el movimiento indígena representado en la CONAIE buscó hace algunas semanas anular medidas tomadas desde el Poder Ejecutivo a través del ejercicio de la extorsión y la violencia. El ejercicio de la violencia tuvo también como blanco al presidente, quien fue atacado de manera salvaje mientras se trasladaba por tierra a otro lugar del país. Ese nivel de violencia se ha repetido con gobiernos anteriores.
Otro ejemplo es Perú donde la ola de inseguridad (crecientes amenazas, extorsiones y homicidios con armas de fuego) amenaza al país sudamericano con transformarse en el nuevo Ecuador. ↩︎ - La falta de liderazgos efectivos se replica también en países de la región como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela o incluso en países donde el presidente, aunque sea un líder más o menos destacado, no tiene enfrente (del lado de la oposición) a figuras destacadas que puedan promover una alternancia en el gobierno, o donde los gobiernos regionales conservan un poder tal que son capaces de poner en jaque la estabilidad. El caso más paradigmático de esto último es Brasil, donde las ultimas redadas antinarco ponen en duda la coordinación efectiva entre gobierno federal y gobiernos regionales. ↩︎
- Esa acción, lejos de beneficiarlo, lo perjudica, como se puede apreciar en su relación con el Pro. La fuga reciente de 7 miembros del bloque Pro hacia el bloque de la Libertad Avanza en Diputados y el reciente twit viral del expresidente Mauricio Macri en contra de las decisiones ministeriales del presidente no es más que una confirmación de todo lo dicho. ↩︎
- No se trata de preferencias políticas, sino de necesidades objetivas. Ningún primer mandatorio que cuente con un proyecto de país podría “dejar a su suerte” a casi la mitad de sus ciudadanos. ↩︎
Escritos Políticos 