Javier Milei cumple un mes de gestión. Para el presidente electo el pasado 22 de noviembre, gestionar la Argentina no será tarea fácil.
Prueba de ello es el nivel de conflictividad social que se desató en las últimas semanas. A la movilización piquetera del miércoles 20 de diciembre, se le suma ahora el paro nacional con movilización anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero. Se trata del paro nacional más rápido contra un gobierno desde el retorno a la democracia en el país.
La central sindical y las organizaciones sociales critican las medidas económicas anunciadas por el gobierno, especialmente la devaluación del tipo de cambio oficial que lo llevó desde los $400 hasta los $820. Esa devaluación ha impactado de una manera muy significativa en la tasa de inflación, que alcanzó casi el 25% en diciembre.
Además, se oponen a las últimas medidas anunciadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como Ley Ómnibus. Del DNU critican especialmente las reformas laborales contra las que ya opusieron un amparo judicial que suspendió temporalmente sus efectos.
En este contexto, el gobierno ha decidido ir a fondo sacrificando las formas y haciendo del “todo o nada” su principio rector.
Ya desde el minuto uno, el presidente tomó una decisión que luego sería cuestionada desde varios sectores: pronunciar el discurso de asunción en las escalinatas del Congreso en lugar de hacerlo, como es tradición, frente a la asamblea legislativa.
Más allá de no considerar el protocolo, esa decisión parecería tener un significado más profundo: la idea de que las instituciones son, como mínimo, secundarias, siendo el pueblo reunido en acto el principal interlocutor de sus políticas y mensajes.
Este trato hacia las instituciones es también visible en su forma y estilo de gobernar: con pocos días en el cargo, ha hecho del DNU una de sus principales herramientas de gestión.
Por esa vía ha intentando corregir y enmendar gran parte del arsenal legislativo producido durante las últimas décadas: el DNU 70/2023 firmado por él y sus ministros el día 20 de diciembre modifica y deroga alrededor de 300 leyes, sin que el Congreso y los legisladores tengan la posibilidad de discutir, debatir o realizar modificaciones al texto original.
En esa línea, su proyecto de gobierno no es un proyecto más. Tiene un espíritu refundacional que busca cambiar de una vez y para siempre, de manera estructural y permanente, el funcionamiento de la economía, la sociedad y la cultura nacional, entre otros muchos aspectos. Es omnicomprensivo y sumamente ambicioso.
El paquete económico suscripto por el gobierno estipula una reducción del gasto público nacional, a la par que un aumento en los impuestos internos para alcanzar el equilibrio fiscal. Por esa vía se pretende eliminar el financiamiento del Banco Central al Tesoro vía emisión monetaria para finalmente quebrar la inflación.
Ese paquete incluye, entre otras cuestiones, un aumento en las retenciones a las economías regionales, marcha atrás con la reforma al impuesto a las ganancias y privatizaciones masivas.
Para estas y otras reformas, el gobierno requerirá del aval del Congreso. Aquí es donde se presentan los mayores desafíos, que buscaré enumerar a continuación:
1)Minoría parlamentaria: el gobierno de La Libertad Avanza carece de mayorías legislativas en el Congreso de la Nación. Actualmente cuenta con un total de 38 Diputados de 253 en la Cámara Baja y 7 Senadores de un total de 72 en la Cámara Alta. Estará así obligado a entablar alianzas para poder sesionar y, luego, sancionar las leyes que necesite. Para habilitar el quorum y poder sesionar, se requiere alcanzar un mínimo de 129 Diputados en la Cámara Baja y 39 Senadores en la Cámara Alta.
2)Disciplina partidaria: La Libertad Avanza, de reciente creación, no podría ser considerado un partido político en sentido estricto, si consideramos que un partido involucra la realización de Congresos partidarios, renovación democrática de autoridades en forma periódica, un sistema de premios y castigos, y funciones y cuadros definidos con precisión. Además, se podría mencionar que sus miembros carecen de una historia común de sacrificios y luchas compartidas, lo cual funciona, según expertos, como un “pegamento” que mantiene al grupo unido a pesar de las diferencias que transitoriamente pueda haber (1). La ausencia de estas características nos habla de un partido político en proceso de maduración y consolidación. Es por eso que sería bueno reflexionar acerca del grado de cohesión y disciplina partidaria que detenta el partido. Que La Libertad Avanza cuente con 38 Diputados y 7 Senadores en el Congreso no debería interpretarse como que cada miembro en cuestión vaya a apoyar de manera acrítica cada uno de las medidas y proyectos de ley que el Ejecutivo decida enviar al Congreso. Se deduce entonces que negociar puertas adentro, no solo con la oposición, es clave para sacar adelante los proyectos de ley.
2)Fragmentación política: desde 1983 hasta la fecha ha habido un aumento considerable en el número efectivo de partidos con representación parlamentaria. Ese fenómeno acompaña la creciente desnacionalización del sistema de partidos. Retrocediendo un poco en el tiempo, en la década del ´90 apareció una tercera fuerza que puso fin al bipartidismo histórico reinante compuesto por el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR). La Unión del Centro Democrático (Ucedé) se posicionó, en esa década, como la tercera fuerza con mayor cantidad de legisladores en la Cámara de Diputados. La cantidad de partidos con representación volvería a aumentar fuertemente, como es de esperar, luego de la crisis económica y social de 2001. Hacia 2005 bajaría, para luego aumentar nuevamente en 2007 y, especialmente, en 2009 cuando alcanzaría un pico (2). Con la inclusión del partido La Libertad Avanza en el Congreso, la fragmentación partidaria se eleva. Una mayor fragmentación representa, ceteris paribus, una mayor dificultad a la hora de negociar.
3)Polarización: El arribo de Javier Milei a la presidencia trajo consigo un aumento en el grado de polarización política. Este fenómeno es observable en diferentes grupos sociales, pero tiene asimismo su correlato en el Congreso de la Nación. Mayor polarización implica mayor dificultad para acordar y negociar con la oposición, ya que aumenta la distancia ideológica entre los partidos en los extremos. Además, la discusión y el debate se tensan, entrando en terrenos donde la argumentación no tiene lugar para expresarse. En su lugar, la chicana y el insulto la suplantan. La polarización exacerbada conduce a que la derecha y la izquierda se radicalicen, vaciando el protagonismo del centro político (3).
4)Mesianismo: los líderes políticos con rasgos mesiánicos se consideran portadores de una misión histórica que buscan, a como de lugar, hacer realidad a los fines de rescatar al país de la decadencia, revertir su condición de paria o devolverle su “grandeza histórica”. Ya sea por encargo divino, espiritual o de linaje, esos liderazgos son poco proclives a negociar, ya que hacerlo, implicaría desviarse de su propósito original y desvirtuar su verdadera misión en la tierra. El mandato es claro y como tal inescindible e inalienable. Se instala una idea de la política como la lucha entre los buenos y los malos, entre amigos y enemigos (4).
5)Presidencialismo acentuado: a diferencia del sistema presidencialista estadounidense, el presidencialismo en Argentina le brinda al presidente la posibilidad de contar con amplios poderes proactivos, entre otros, el Tratamiento Urgente de las Leyes y los DNU. La combinación de presidencialismo fuerte con minorías parlamentarias genera fuertes incentivos para gobernar por decreto. Pero, como señalé en mi anterior artículo, legislar de manera unilateral (vía DNU) no es gratis: por el contrario, conlleva normalmente altos costos políticos que se hacen sentir, más temprano que tarde, en la calle, en el Congreso o con fallos adversos en la Justicia (5).
Estos son algunos de los desafíos u obstáculos que el presidente deberá afrontar.
Recientemente, el gobierno, se ha mostrado más abierto a la negociación, entablando un diálogo con los gobernadores a los fines de modificar la Ley Ómnibus en referencia al corte de los biocombustibles y la ley de pesca.
Aunque el presidente y sus ministros más importantes han hecho ver las modificaciones como un esfuerzo por aceptar “sugerencias” o, incluso, “clarificar” el texto, la realidad es que ha habido un pequeño progreso en relación a la posibilidad de que el gobierno se abra a nuevas opiniones, diferentes a las que defendió hasta el momento.
En el mismo sentido, la canciller Diana Mondino (con el aval del presidente) ha buscado modelar la política exterior en un sentido más pragmático, al incluir a China y Brasil como socios comerciales estratégicos de la Argentina. Este cambio tiende correctamente a separar la opinión personal de la práctica institucional.
Por otro lado, es bueno mencionar que, aunque el presidente haya sido elegido en elecciones limpias y democráticas, el mandato obtenido en las urnas es limitado: en el tiempo que dure su mandato está obligado a actuar conforme a la Constitución y las leyes, respetar la división de poderes y acatar los fallos de la Justicia.
Entregarle al gobierno un “cheque en blanco”, como solicitó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viola abiertamente la letra y el espíritu de la Constitución que, en el mejor de los casos, estipula una delegación de facultades por tiempo limitado y restringida a ciertas cuestiones.
El artículo 76 de la Constitución Nacional dice al respecto: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
De esta manera, a Javier Milei y su equipo no les quedará otra opción que velar por el cumplimiento de las normas y rechazar cualquier intento de transpolar la campaña electoral al gobierno, dos asuntos que se rigen bajo lógicas políticas contrapuestas.
En función de ello, descartar el término “casta”, fortalecer el diálogo y la cooperación y consagrar la honestidad, austeridad y transparencia en el ejercicio del (buen) gobierno.
- Este es el caso, por ejemplo, del Frente Amplio uruguayo. ↩︎
- Ver: https://www.cippec.org/grafico/evolucion-de-la-fragmentacion-legislativa-en-diputados-1983-2017/. El año 2009 es el año posterior al conflicto histórico con el campo. En los años siguientes, la fragmentación, como muestra el gráfico, tendería a bajar. Una tendencia parecida tiene lugar con la conformación de nuevos bloques.
En 2015, la conformación de la alianza Cambiemos logró ordenar la oferta electoral opositora. El peronismo lo haría recién en 2019 con la creación de la alianza “Unión por la Patria”. Actualmente, la coalición Juntos por el Cambio (antes Cambiemos) corre serio riesgo de desaparecer. ↩︎ - Todavía no es la situación de la Argentina, ya que aun existe un centro político compuesto principalmente por la UCR, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales que todavía retienen un cierto protagonismo. Hay que ver aun si la polarización sigue aumentando o se frena. ↩︎
- En sus discursos, Javier Milei ha hecho alusión en reiteradas ocasiones a las “fuerzas del cielo” por oposición a las fuerzas del número para defender y justificar su lucha. ↩︎
- Independientemente de ello, su nivel de institucionalidad es notablemente menor que una ley surgida de un proceso de apertura hacia la sociedad, negociaciones entre fuerzas, convocatoria a expertos e interpelación a los ministros del gabinete. Un DNU con fallos adversos podría además provocar inseguridad jurídica que trabe la llegada de nuevas inversiones. ↩︎
Escritos Políticos 