Hace un par de meses, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, declaró ante la prensa que «con un 50% de pobres, “las formas” de Javier Milei no son una prioridad». El gobernador hacía alusión así a las formas poco convencionales de hacer política del gobierno nacional.
Aunque la afirmación parecería tener, a primera vista, una cuota de verdad e incluso reflejar cierta sabiduría y pragmatismo, es en el fondo un tanto problemática, ya que, da a entender que, bajo ciertas circunstancias, el fin (reducir la pobreza) justificaría los medios (“formas” poco decorosas).
En este artículo no busco desarrollar un tratado de moral, pero sí señalar que, la elección de los caminos o “las formas” no es solo importante ética o moralmente hablando, sino también a la hora de alcanzar y medir resultados.
No solo eso. Es posible argumentar que sin esas “formas”, sin esos procedimientos organizados e institucionalizados de hacer política con apego a la Constitución Nacional, las costumbres y las leyes, la discrecionalidad, la arbitrariedad y la desconfianza entran en escena para anular o postergar cualquier atisbo de progreso en una sociedad.
En realidad, la frase esbozada por el gobernador Frigerio no representa en esencia nada nuevo, ya que la Argentina, como han podido constatar muchos cientistas sociales en el pasado, parece en ocasiones tentarse ante la posibilidad de salirse de las reglas y procedimientos normales de hacer política para emprender “ atajos” que allanen el camino hacia un “paraíso” soñado. Un “paraíso” que nunca llega.
Claro, ese “paraíso” es esquivo porque se sigue el camino equivocado. Violando o torciendo las normas. Ignorando las buenas prácticas. Habilitando las prácticas excepcionales.
Sorprende, no obstante, que la afirmación contenida en la cita transcripta en el inicio provenga de un miembro destacado del partido Propuesta Republicana (Pro), ya que el Pro es probablemente uno de los partidos que más ha hecho desde su fundación en 2005 por revalorizar “las formas” en detrimento de los atajos, los vicios y el autoritarismo.
Puntualmente, el Pro hizo de “las formas” y la lucha contra la corrupción y el autoritarismo una bandera durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), a punto tal que el actual presidente de Argentina, Javier Milei, declaró en 2022 que “Macri [por el ex presidente Mauricio Macri que gobernó el país entre los años 2015-2019] terminó haciendo socialismo de buenos modales”.
Más allá de la vaguedad o imprecisión en el uso del término socialismo por parte del presidente, el error de considerar que “las formas” podrían esperar en pos de combatir la pobreza creciente no es un error más grande que pensar que porque existe pobreza, las reformas estructurales no deberían tener lugar en la práctica. Un argumento también usado por el partido amarillo durante su paso por la presidencia.
“Las formas” en este contexto se pueden referir a:
1)Los buenos modales, según la expresión del presidente Javier Milei
2)El apego a las tradiciones y costumbres inscriptas en la práctica política, la Constitución y leyes de menor rango
3)Las formas institucionales más afines a la democracia liberal, aquellas más robustas donde destaca la calidad institucional
Las dos primeras consignas son claras y no requieren demasiada explicación. Sobre las formas institucionales es necesario ampliar el análisis.
Las formas institucionales: la relevancia de las instituciones de la democracia representativa
Sin duda, nos encontramos ante un momento bisagra de la historia, donde los liderazgos tradicionales pierden fuerza, al mismo tiempo que los nuevos liderazgos -no convencionales, poco ortodoxos- ganan más y más terreno.
El fenómeno Milei en Argentina es un fenómeno que se replica en otros países de la región y del mundo bajo distintas especificidades y modalidades propias de cada lugar. En la mayoría de los casos, los nuevos liderazgos cuestionan la legitimidad moral de sus contrapartes más longevas y establecen canales directos para comunicarse con la ciudadanía.
Inicialmente outsiders, poco a poco se integran al sistema político de una manera muy crítica para finalmente “cobrar revancha” al acceder a los cargos más altos del gobierno. A modo de “vengadores” en nombre del pueblo o del individuo libre, someten a la clase política a todo tipo de maltratos y vejámenes y aprovechan la ocasión para arrancarles supuestos privilegios y prebendas, acciones que la ciudadanía acompaña entusiastamente.
Ahora bien, ¿cómo es posible gobernar sin los miembros que dirigen y administran ese sistema?Asumiendo su condición de minoría en el Congreso, mientras el apoyo de la ciudadanía se mantenga, esos gobiernos populistas o enfrentados con las instituciones clásicas no corren serio riesgo de sufrir un impeachment o proceso de juicio político en su contra. Pueden transitoriamente gobernar con instrumentos administrativos o (incluso) legislativos al alcance de la presidencia. Este es el escenario bajo el cual se desenvuelve el presidente Javier Milei en Argentina.
El problema aparece cuando los niveles de adhesión en la encuestas se desploman y cuando el apoyo en las calles se reduce drásticamente.
Los resultados en el largo plazo no están garantizados. Sin gobernabilidad y con crecientes niveles de bloqueo por parte de la clase política tradicional, la tarea de gobernar se torna dificultosa. La permanencia en el gobierno es un desafío.
Mi tesis aquí es que este tipo de gobiernos poco ortodoxos, antisistema, deberían ser lo suficientemente flexibles y hábiles políticamente para permitir una cohabitación (al menos temporal, hasta la celebración de nuevas elecciones) con la clase política tradicional sin resignar convenientemente su espíritu crítico.
Aunque exhiban en público una dureza y una inflexibilidad inusitada, deberían ser lo suficientemente sagaces para saber vincularse de una manera más constructiva con la clase política o, por lo menos, con sus aliados naturales.
Esos partidos podrían así conformar una coalición que les permita llevar adelante ciertas reformas necesarias e impostergables y actuar como “escudo legislativo” en contextos de acusación constitucional o declaratorias de juicio político en contra.
Aquí entra la importancia de las instituciones y la preservación de “las formas” de la democracia liberal. Para destacar su importancia, el ejemplo de la Inglaterra del siglo XVII y XVIII me parece ilustrativo.
Los inicios de la democracia representativa: el ejemplo de Inglaterra
A partir de 1688, año de la Revolución Gloriosa con el derrocamiento del rey Jacobo II, el poder político en Inglaterra viró crecientemente desde la máxima autoridad del monarca hacia la Cámara de los Comunes transformando poco a poco una monarquía absoluta en una monarquía de carácter constitucional, es decir, una monarquía efectivamente limitada por el Parlamento.
Esa transición hacia un mayor control y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo le permitió a Inglaterra reducir los grados de discrecionalidad en el ejercicio del poder político y allanar el camino hacia la estabilidad política con respeto a los derechos y garantías individuales.
El reconocimiento de nuevos derechos y libertades del individuo tuvo inicialmente su origen en el proceso de desenvolvimiento del Constitucionalismo Liberal a partir del siglo XIII con la promulgación de cartas como la Magna Carta (1215), Petition of Rights (1628) y Bill of Rights (1689) , entre otras.
A partir del siglo XXVII, ese camino de empoderamiento del individuo y restricción del poder arbitrario y absoluto se profundiza con el nuevo papel otorgado o conquistado por el Parlamento inglés, que gozaría a partir de la revolución de un rol cada vez más preponderante en la vida económica, social y política de Inglaterra.
Como afirma el profesor de la Universidad de Oklahoma y teórico político, William Selinger, en su libro Parlamentarism, from Edmund Burke to Max Weber: “El parlamento después de la revolución, se convirtió en una parte indispensable de la maquinaria del Estado”.
Siguiendo al mismo autor, para muchos observadores de la época, el Parlamento inglés o Cámara de los Comunes (en inglés, The House of Commons) poseía una ventaja con respecto a los otros poderes del Estado: el poder de la billetera (“the power of the purse”).
A diferencia de autores como Montesquieu, que en su Espíritu de las Leyes observó la presencia de tres poderes que se contrapesaban recíprocamente a partir de contar con prerrogativas o facultades semejantes, otros autores de renombre como Edmund Burke, Adam Smith, David Hume y Benjamin Constant veían a la Cámara de los Comunes en una situación mucho más ventajosa que el resto de poderes.
Como afirmé anteriormente, esa posición privilegiada se debía a la capacidad del Poder Legislativo de controlar los gastos y financiar adecuadamente al rey y sus ministros. Aun cuando la corona pudiera gozar de un fondo independiente para financiar su corte (Civil List), ese fondo era mínimo y no lograba cubrir por sí solo gran parte de los gastos que enfrentaba año a año.
Y aun cuando el monarca gozara de un poder de veto sobre las leyes que pudiera sancionar el Poder Legislativo, ese poder reactivo fue prácticamente inutilizado durante el transcurso de los siglos a sabiendas de que recurrir a él podría poner en jaque el financiamiento de la rama de gobierno.
Ese muy pequeño e incompleto resumen de la Inglaterra del siglo XVII, que sentó las bases para el inicio de uno de los períodos de mayor acumulación de capital con el advenimiento de la 1° y 2° Revolución Industrial (1760-1840;1870-1914), puede ilustrar acerca de la importancia de las instituciones y sus “formas”, o dicho de otra manera, de la trascendencia del Parlamento o Poder Legislativo en el desarrollo político y económico de un país.
Aunque Argentina es (lamentablemente) un país excesivamente presidencialista, el gobierno y la oposición aun cuentan con herramientas para revertir la falta de influencia de un Poder Legislativo que languidece desde hace muchos años. Un poder que no controla ni hace rendir cuentas al Poder Ejecutivo.
El gobierno en Argentina podría priorizar, como mencioné en otras oportunidades, el armado de una alianza de gobierno amplia, estable y de bajo costo en el Congreso que le permita no solo llevar adelante su agenda de gobierno de forma más sólida, sostenible y transparente, sino también iniciar las tratativas para la presentación de una coalición electoral con miras a 2025, año de elecciones legislativas en las que se renuevan 127 de 257 bancas en Diputados y 24 de 72 bancas en el Senado (1 ).
Es que la hipotética pero no improbable victoria de la oposición en la Provincia de Buenos Aires (con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner posiblemente a la cabeza en una de las listas) podría resucitar fantasmas transitoriamente superados.
A su vez, la oposición debería idealmente cumplir un papel mucho más activo y protagónico, fortaleciendo sus poderes de control y fiscalización para así evitar que el gobierno pueda gratuitamente vetar leyes, acentuar el carácter unitario de nuestras legislación y promulgar Decretos de Necesidad y Urgencia de manera descontrolada, entre otros aspectos (2).
De igual manera, la prórroga del presupuesto por decreto debería llevar a los argentinos en general (ya no solo a los legisladores) a cuestionar el carácter autoritario de este gobierno y de otros gobiernos que hicieron uso de este instrumento discrecional en el pasado (3).
La clave para que la oposición pueda recuperar su rol de contralor es a través del fortalecimiento de los partidos políticos. Fortalecer los partidos involucra, entre otras cuestiones, atacar las causas que promueven su fragmentación y división interna para velar por una mayor unidad.
Recurriendo nuevamente a los clásicos, quienes a propósito de la presencia de ministros en el Parlamento temían por los efectos corrosivos de la corrupción en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, pensadores como Edmunde Burke o el autor de Democracia en América, Alexis de Tocqueville, consideraban que los partidos políticos eran antídotos eficaces para evitar la compra descarada de legisladores por parte del gobierno, ya que sus miembros no solo se encontraban unidos por estrechos lazos de amistad y de principios, sino que también eran cobijados por estructuras de patronazgo independientes.
Conclusión
Aunque actualmente no se discuta en Argentina acerca de la necesidad de arribar a grandes consensos o acuerdos nacionales, creo al menos indispensable insistir en la necesidad de dotar al Congreso de un mayor protagonismo en la escena política nacional.
Por sobre todas las cosas, los problemas nacionales deben ser debatidos y los diferentes puntos de vista han de ser tenidos en cuenta. El Congreso Nacional es el único ámbito donde esto podría ocurrir, ya que es donde se sitúa el 100% de la representación del pueblo, o bien, de la Nación en su conjunto.
Salvo que uno considere que la unanimidad es deseable y asequible por otras vías, el intercambio de opiniones y de intereses es el medio por el cual los problemas públicos pueden ser procesados en una sociedad plural y heterogénea.
Aunque el presidente Milei ha cosechado algunos éxitos en la gestión, como la reducción del gasto público y la inflación o la mejora de los índices de confianza del mercado, el camino que aún debe recorrer es largo y espinoso, un camino que va a requerir un tratamiento cada vez más sofisticado y pormenorizado de los temas en agenda.
Algunos de esos temas son la aun elevada inflación, la inserción comercial de la Argentina en el mundo, la productividad de la fuerza de trabajo, la competitividad del tipo de cambio real y el reacondicionamiento de las PyMEs para competir en un mundo interdependiente y conectado. Además, ¿qué lugar ha de ocupar el Estado en temas de importancia nacional como la obra pública y la infraestructura?
Todos esos asuntos van a requerir un mayor involucramiento de la oposición en el Congreso. De actores importantes de la sociedad civil (4). Entrando en un nuevo año, sería bueno darle una vuelta de tuerca al asunto y proyectar una Argentina 2025 donde gobierno y oposición logren confluir para mejorar la calidad institucional del país y, por esa vía, rescatar a Argentina de su grave y aun persistente crisis (5).
- Aunque ese devenir político sea a todas luces deseable a fin de solidificar las bases del proyecto de gobierno, es poco probable que suceda, siendo que la tendencia dominante en los últimos años es que el Congreso pierda aún más influencia en años electorales. ↩︎
- Por ejemplo, podría convocar e interpelar a ministros del gabinete para que rindan cuentan en temas tan variados y controvertidos como el tratamiento negligente de la ministra de seguridad Patricia Bullrich del caso del gendarme Nahuel Gallo (con resultados lamentables y catastróficos), la finalización de la cobertura gratuita de medicamentos para jubilados o el mal estado de las rutas y caminos en todo el país. ↩︎
- Sucede lo contrario a lo descripto anteriormente para la Inglaterra del siglo XVIII, donde a fin de controlar al gobierno, se decidió que fuera el Parlamento el poder encargado de controlar los ingresos y el Presupuesto. La consigna post 1688 era muy simple: “no taxation without representation” (léase, no a la imposición tributaria sin representación, entendiendo que la representación tiene lugar en la Cámara de los Comunes). El diputado y dirigente nacional, Ricardo López Murphy, hace notar en una entrevista reciente con el diario La Nación que “El diseño de [Juan Bautista] Alberdi era que el Congreso controla el dinero -el banco federal-; la disposición de gastos -no hay tributación sin representación-; la deuda y los impuestos”. ↩︎
- Un primer e incipiente paso es la convocatoria a sesiones extraordinarias para los meses de enero y febrero de 2025. Luego de aprobada la Ley Bases, el Congreso ha entrado en un período de reflujo del cual aún no se ha recuperado. Es bueno mencionar, no obstante, que el Congreso ha logrado sancionar una serie de leyes importantes en el interín, como la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, ambas vetadas por el presidente Javier Milei.
El instrumento del veto en sistemas presidencialistas es un instrumento que se ejerce muchas veces a contramano de la voluntad y el deseo de los electores. Esto es efectivamente lo que sucedió en Argentina. En sistemas parlamentarios, el veto puede conducir a la disolución del poder que lo ejerce y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, acción que tiene el fin de constatar el grado de sintonía y afinidad entre gobierno y opinión pública. La acción de disolución y convocatoria a nuevas elecciones suele ser realizada por un tercer poder mediador o moderador, un poder muy trascendental que en un sistema presidencialista no tiene cabida: el monarca o presidente fungiendo como jefe de Estado pero no de gobierno. ↩︎ - La debilidad institucional del país es reconocida por el propio Javier Milei cuando se jacta de haber logrado junto a otras pocas personas cambiar el país en contra de los deseos de la clase política y algunas de las instituciones principales. ↩︎
Escritos Políticos 
Un artículo excepcional que plantea con claridad y profundidad las tensiones entre la eficiencia política y el respeto a las instituciones democráticas. La reflexión sobre el ejemplo histórico de Inglaterra es un hilo conductor brillante, mostrando cómo la evolución del Parlamento fue clave para estabilizar el gobierno y proteger los derechos individuales.
La crítica hacia el enfoque de Milei y su Partido Propuesta Republicana es acertada al señalar que, a pesar de su origen en defensa de «las formas», ahora parece justificar la flexibilización de las mismas en nombre de combatir la pobreza. Este punto es crucial porque subraya que el fin no justifica los medios, especialmente cuando se trata de valores democráticos fundamentales.
La exposición sobre la importancia del Congreso y las instituciones en Argentina es reveladora. El país, con su sistema presidencialista excesivo, necesita urgentemente un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo para garantizar controles adecuados y evitar la concentración de poder.
El llamado a fortalecer los partidos políticos y a promover un diálogo más activo en el Congreso es sumamente oportuno. Los partidos deben ser el antídoto contra la corrupción y la arbitrariedad, como ya lo fueron en siglos pasados. La.idea de una coalición electoral amplia para 2025 es visionaria y muestra una ruta plausible hacia un futuro político más estabilizado.
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