Los cambios no son fáciles de hacer. Hay una cierta inercia que dificulta su puesta en escena. No obstante, de tanto en tanto son necesarios. Tanto las personas como los sistemas se paralizan si no cambian.

A la Argentina le está pasando eso mismo: de un lado, el país carece de políticos con ideas y espíritu renovados. Del otro, su sistema político luce obsoleto y poco funcional a las demandas sociales, necesidades políticas y económicas. 

Dicho en otras palabras, el país no cuenta con instituciones adecuadas y del personal político que pueda impulsar su ajuste o modificación. O, al menos, eso parece.

El problema se agrava porque el debate público se torna, por momentos, irrelevante: la pandemia, más allá de provocar una grave crisis social y sanitaria, dejó en evidencia que temas (tan importantes) como el sistema de salud, la ciencia y la tecnología y el medioambiente se encuentran fuera de la agenda de los políticos.

Los temas que se discuten hoy en día en el país tienen que ver con la inflación, la corrupción, el dólar y los salarios, que sin duda son importantes, pero que, a mi juicio, no sistematizan en conjunto (ni de cerca) “un proyecto de país”.

El Congreso de la Nación, por su parte, parece enfocado en sancionar nuevos “derechos” para nuevos grupos, sin considerar si lesionan el interés general por el que debe velar el Estado. Este ha sido cooptado por intereses particulares que no hacen más que menoscabar el bien común del que nos hablaba Aristóteles en su “Política”, al describir los regímenes políticos rectos y desviados. 

Siendo este el diagnóstico, considero que llegó el momento de cambiar de verdad. Para realizar cualquier cambio (que no sea un microcambio), debería primar el equilibrio, la cordura y la voluntad de consenso. Ningún cambio importante puede sostenerse si no es con negociaciones y consensos, donde las partes se sientan satisfechas con el resultado al que arribaron. 

En este caso, me centraré en el cambio institucional y dejaré de lado, por el momento, la renovación en el personal político, como así también la necesidad de “actualizar” el debate público.

Partiré por considerar que hay dos cambios posibles: un cambio de mínima y un cambio de máxima. Ambos implican realizar modificaciones a la constitución vigente porque, al decir de Juan Bautista Alberdi, son las bases sobre las que se estructura todo el edificio político. El edificio debe tener bases firmes y, hoy, esas bases son endebles. 

El cambio de mínima propone un cambio menos abrupto y más seguro, mientras que el cambio de máxima (a mi juicio, el ideal) representa un salto importante que requiere sucesivos reajustes y “gimnasia” para que rinda frutos.

Sobre el cambio de máxima hablaré en otro artículo, ya que en este me concentraré en el primero.

Cambiar la Constitución: el cambio de mínima

Es tiempo de hacer evaluaciones. A más de un cuarto de siglo de su sanción, la reforma a la constitución de 1994 no rindió los frutos esperados. Ha de hecho exacerbado problemas que ya existían y creado nuevos de difícil solución.

Argentina ha dejado de ser un país republicano. En su lugar, ha virado hacia un hiperpresidencialismo con ribetes autoritarios. Siendo necesario revisar el carácter federal del país, también es menester recalibrar los frenos y contrapesos que garanticen la vigencia de la república (Art. 1° de la CN).

Por eso es que propongo:

1)Eliminar la reelección presidencial inmediata: es público y notorio que las reelecciones no han aportado al bienestar de la Argentina. De hecho, la han perjudicado. Prueba de esto es que los presidentes reelectos han fracasado invariablemente en su tarea, poniendo en riesgo, o empañando al menos, conquistas previas. Eliminar la reelección inmediata conducirá a una mayor alternancia en el poder, a una menor concentración y a un mayor dinamismo del proceso político. Además, fortalecería a los partidos en detrimento de líderes y caudillos (*)

2)Honrar un quinquenio: La experiencia del país más próspero de América Latina, o sea Uruguay, es clara con respecto a que cinco (5) años de mandato es tiempo suficiente para producir obras de envergadura y dejar una huella. Cinco años es el punto medio entre cuatro y seis años de mandato y permite atender las inquietudes de los críticos en relación a los riegos del cuatrienio (escasez de tiempo) y el sexenio (hegemonía y concentración de poder)

3)Espaciar las elecciones nacionales: el esquema de elecciones cada dos años ha creado incentivos negativos, llevando a que los políticos se concentren en objetivos de corto plazo, postergando así decisiones necesarias pero impopulares. Un ejemplo de esto es el dólar, que ha sido deliberadamente “reprimido” en años electorales, para luego liberarlo tras la contienda. Espaciar las elecciones permitiría que los políticos tengan mayores incentivos para trabajar con miras al futuro y a reducir los niveles de confrontación, además de reducir el gasto público inútil

4)Referéndum revocatorio al presidente: permite revocar el mandato del presidente previa reunión de firmas y convocatoria a elecciones. A diferencia del juicio político, el referéndum parece ser un instrumento más acertado, ya que son los mandantes quienes estarían en condiciones de revocar el mandato que originalmente suscribieron (sin la necesidad de que participen actores ajenos o secundarios al acto electoral como los diputados, senadores o la Corte Suprema de Justicia) (**)

5)Derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): es condición necesaria para que el Congreso recupere las facultades exclusivas que la Constitución le otorgó. La evidencia ha demostrado que los DNU son utilizados con el objetivo de evitar el debate y pasar por encima al Congreso, apartándolo de los asuntos políticos centrales. La “excepción” y “urgencia” no son razón válida para que el Congreso no debata los temas importantes, ya que la democracia se nutre y construye a partir del debate, la negociación y el disenso

6)Un Instituto Electoral debidamente financiado: un órgano independiente del gobierno, conformado por técnicos y profesionales, que permita fiscalizar y organizar las elecciones nacionales. El ejemplo más claro es el Instituto Nacional Electoral en México, que ha sido bisagra en la transición a la democracia mexicana y que se ha convertido en una de las instituciones político-electorales más prestigiosas del mundo (***)

7)Quitar los partidos del Consejo de la Magistratura: Es llamativo, desde hace unos años, el accionar abiertamente partidista de jueces y fiscales de la Nación. Es necesario, de manera imperiosa, despartidizar la justicia para reestablecer los niveles de confianza del ciudadano para con ella. Por eso es que propongo que se elimine la composición político-partidista del Consejo de la Magistratura y, en lo posible, aumentar fuertemente la representación de la ciudadanía en el mismo órgano

8)Poner fin al populismo fiscal: en vistas de los graves problemas macroeconómicos que Argentina arrastra desde mediados del siglo XX, es necesario poner un límite al gasto desenfrenado del gobierno y el Congreso. Propongo que, como hizo Ecuador en su Constitución de 1998, y que Rafael Correa luego desechó, el país cuente con una regla que limite el aumento del gasto. Como toda norma, es necesario que la ciudadanía presione a los gobiernos para su efectivo cumplimiento, en vistas del impacto de los déficits en el nivel de vida de la gente 

9)Un fondo anticíclico de la Soja: si la Argentina logra algún día encaminarse hacia el equilibrio fiscal, sería necesario que el país cuente con un fondo anticíclico que facilite las salidas de las crisis y permita un mayor dinamismo de la economía en coyunturas desfavorables, sin producir inflación. El fondo anticíclico del cobre y del petróleo ha permitido a países como Chile y Ecuador, respectivamente, capear y amortiguar grandes crisis internacionales, como, por ejemplo, la Crisis Subprime (2009)

10)Presidencialismo de coalición (informalmente existe en Brasil): Propongo que el gabinete nacional se integre con un mínimo de 50% de ministros provenientes de partidos políticos con asiento en el Congreso. Permitiría fortalecer la conexión entre uno y otro poder y aumentar las chances de arribar a consensos entre los principales partidos políticos. En Argentina, es común que los gabinetes se integren de figuras cercanas al presidente o de simples y meros tecnócratas, en lugar de cuadros técnico-políticos con sensibilidad y conocimiento de las consecuencias de sus actos y decisiones (****)

Cambiar la Constitución: la formación de una coalición republicana

Atento y consciente de la oposición que puedan suscitar algunas de estas reformas, es menester la formación de una amplia coalición republicana que apuntale su tratamiento. El motivo, como se mencionó más arriba, es que un país como la Argentina difícilmente pueda progresar sin instituciones sólidas, funcionales al desarrollo, que hayan resistido la prueba del tiempo. 

El país requiere urgentemente de ciertos cambios de base que le permitan superar los graves problemas que arrastra, problemas que, como ya se mencionó, se agudizaron con la última reforma hace ya más de 25 años. 

A este respecto es bueno recordar que la Constitución no es meramente un fin, sino también y fundamentalmente un medio o instrumento para el desarrollo sostenible del país (*****).

Si bien es cierto que su estabilidad es importante, no menos cierto es que una Constitución difícilmente pueda legitimarse sin cambios a lo largo del tiempo, especialmente si, luego de un análisis riguroso, se determina la conveniencia de su reforma. La adaptación a los tiempos es, en este sentido, un elemento importante de su vitalidad. 

En palabras de Juan B. Alberdi, “No se ha de aspirar a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos. Como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político, para colocarnos hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades de la construcción”. 

*Los países más exitosos de América Latina, Chile, Uruguay y Costa Rica, carecen de reelección presidencial inmediata 

**El juicio político en países como Perú, Brasil y Paraguay (entre otros) ha sido utilizado con fines partidistas luego de debates con argumentos dudosos. En Argentina, el instrumento del juicio político ha brillado por su ausencia, a pesar de encontrarse en la Constitución

***Si bien no ha habido denuncias masivas de fraude desde el retorno a la democracia hasta la fecha, la posibilidad de que ello ocurre no es descabellada. Es bueno recordar que actualmente es el gobierno, a través de la Dirección Nacional Electoral, uno de los grandes encargados de organizar los comicios. No es garantía de confiabilidad

****Esta es otra manera de decir que muchos ministros en Argentina carecen de lo que el sociólogo Max Weber denominó “ética de la responsabilidad” para diferenciarla de la “ética de la convicción”

*****Muchos republicanos que sostienen que a la constitución hay que respetarla y no cambiarla, ignoran que ella ha sido modificada en varias oportunidades, produciendo efectos dañinos para el funcionamiento del sistema político y la vigencia de las libertades democráticas. Actualmente la constitución argentina es notablemente menos republicana que su original “copiada” de la estadounidense