Se respiran aires de cambio. El resultado de las últimas elecciones así parecen indicarlo. Si bien la oposición nucleada en Juntos por el Cambio no logró ampliar la diferencia conseguida en agosto en las primarias, sí logro retener una gran parte de los votos a nivel nacional, con la excepción de la Provincia de Buenos Aires.

No sorprende el resultado final en Buenos Aires, siendo que allí se concentra (en algunos distritos más que en otros) el clientelismo que los gobiernos despliegan por el territorio. Más allá de este dato, que no pasa desapercibido para nadie y que dos elecciones consecutivas ponen bajo la lupa, las elecciones dejaron en evidencia los problemas que atraviesa este gobierno. 

Estos problemas se acumulan con el correr de los días y, en la medida en que no sean abordados de manera adecuada, representan una bomba de tiempo. Me refiero a la inflación, la pobreza, la inseguridad, el déficit en las cuentas del Estado y las reservas del Banco Central, entre otros. El crecimiento proyectado por el Banco Mundial para el país parece ir en contra de las proyecciones de este gobierno, ya que solo se espera un crecimiento de 2% anual para este año y el que viene (*). 

La inestabilidad macroeconómica y los problemas de crecimiento no son nuevos, pero se han agravado en la última década. La creación de empleo privado se estancó en 2011. Las cuentas públicas vienen deteriorándose desde tiempo antes, mientras que la inflación no ha encontrado su techo y se ha acelerado a partir de 2018, a la par que el país atravesaba una grave crisis cambiaria. Esta última crisis no desapareció y asoma en el horizonte, en la medida que no se recompongan las variables macroeconómicas, la confianza, y las reservas del Banco Central sigan esfumándose.  

Como señalé en uno de mis últimos artículos, esta larga crisis que sufre el país requiere soluciones de fondo que ataquen las causas de esos problemas. 

El diagnóstico debe poner el acento en la ausencia de políticas de Estado, pactos y acuerdos sustentables y soluciones del siglo XXI para problemas del siglo XX (el desmadre de la inflación, el déficit crónico y los problemas de generación de riqueza son problemas viejos que, en el mundo, ya han sido superados). 

Para modificar este estado de cosas es necesario que aparezcan líderes con ideas nuevas. Y también es necesario, considero, cambiar el marco sobre el cual se estructuran las reglas del juego. Me refiero principalmente a la Constitución Nacional (**).

Una reforma a la Constitución debería ser abordada por el próximo gobierno de manera urgente y expeditiva. El catálogo de reformas que propongo ya ha sido planteado en un artículo anterior y aquí lo que haré es abordar su viabilidad política, es decir, la capacidad de la clase política para plasmarlas en el texto constitucional.  

Es bueno recordar que las reformas propuestas son reformas de mínima, es decir, reformas necesarias y posibles para cambiar el estado de cosas, aunque no necesariamente las ideales(***). 

1)Eliminar la reelección presidencial inmediata

Nos encontramos en un período de transición en el cual viejos líderes y figuras de la política entran en el ocaso, mientras que surgen nuevos aspirantes a cumplir ese rol. Este panorama rige tanto para el gobierno como para la oposición.

Las recientes disputas de poder dentro de la Unión Cívica Radical y el “doble comando” de “halcones” y “palomas” dentro del principal partido de oposición, Propuesta Republicana, dejan en claro que propuestas como la eliminación de la reelección presidencial inmediata (que abriría el camino de la alternancia al interior de las dos coaliciones mayoritarias) podrían contar con el aval de la oposición. Esta ausencia de liderazgos claros y visibles, pero con aspirantes a cumplir ese papel, se replica, luego de las pasadas elecciones, dentro del Frente de Todos.

Plantear reglas flexibles como la posibilidad de que ex presidentes se puedan volver a presentar luego de un período de gobierno fuera del poder podría tornar a la propuesta más viable en términos políticos que la imposibilidad de volver a presentarse de por vida. Considero que se avecinan tiempos políticos propicios para discutirla y avanzar en este frente.

2)Honrar un quinqueño (para luego volver al llano)

Los cinco años de gobierno como límite para el ejercicio del cargo de presidente parecen ser el complemento ideal del punto uno. Se podría discutir si es mejor cuatro o seis años, aunque cinco representa el punto medio. Evitar la concentración de poder en la rama ejecutiva es uno de los secretos de Uruguay, Chile y Costa Rica en el camino al progreso (****).

3)Espaciar las elecciones

Como ya señalé, tener elecciones nacionales cada dos años dificulta la gestión económica de los problemas que enfrenta la Argentina, porque el gobierno se aboca sistemáticamente a medidas puramente electoralistas.

Se ha discutido mucho la eliminación de las Primarias Abiertas, pero muy poco la necesidad de tener un calendario electoral más espaciado. Realmente no existen impedimentos políticos para avanzar en esta reforma y asumo que la clase política (si no toda, una mayoría) estaría interesada en poder llevarla adelante, ya que le permitiría trabajar en soluciones duraderas para los problemas estructurales. 

Es necesario poner el tema en agenda y pensar en un nuevo calendario electoral y una ingeniería institucional que la hagan posible.

4)Referéndum revocatorio a mitad de mandato: 

Esta propuesta es políticamente difícil de implementar. Se trata de un mecanismo altamente participativo que promueve e inspira la participación de los ciudadanos en la política. 

Podría contar con el apoyo de la oposición, partidos de izquierda, organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y líderes de opinión en un eventual acuerdo para una reforma a la Constitución.

Para el gobierno, este instrumento podría reforzar su autoridad luego de enfrentar un normal desgaste en los primeros años de gestión. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, es un defensor a ultranza de esta iniciativa.

5)Derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): 

Los efectos nocivos del decretismo en la Argentina se han podido ver durante el primer año de pandemia, período durante el cual el Congreso dejó de cumplir con el rol que le asigna la Constitución Nacional: la de legislar en temas importantes como la salud pública. 

Teniendo esto en cuenta, derogar los DNU es una obligación moral y constitucional de la clase política, especialmente aquella afín al ideario republicano y la división de poderes. 

Juntos por el Cambio, como defensor del republicanismo en el Congreso, debería impulsar una reforma que ponga fin a los DNU que, junto con la Legislación Delegada por el Congreso al Ejecutivo y el Veto Parcial, impiden el florecimiento de una verdadera república y ponen al país en un estado de emergencia permanente (en los hechos, inexistente).

En caso de acceder la oposición al poder en 2023, esta propuesta tendría el apoyo mayoritario de la ciudadanía, los principales medios de comunicación, los partidos de izquierda, además de Juntos por el Cambio y algunos partidos dentro del Frente de Todos. 

El grueso de los gobernadores, que han visto en los DNU un límite a las autonomías provinciales, se verían beneficiados con esta medida.

6)Un Instituto Electoral debidamente financiado: 

Esta propuesta carece de defensores, ya que no ha estado en riesgo hasta el momento la transparencia de las elecciones y representa una erogación de recursos considerable. 

No obstante ello, creo necesario discutir seriamente la inconveniencia de que el gobierno (a través de la Dirección Nacional Electoral) controle y se haga cargo del proceso siendo que es juez y parte del mismo. Peligra en potencia la credibilidad de los resultados y, con ello, la democracia.

7)Quitar los partidos del Consejo de la Magistratura: 

Es una necesidad de la democracia. Los jueces son actualmente representantes de los partidos más importantes. Es una reforma inviable políticamente si no se involucra de lleno la ciudadanía. 

Esta debe activar esta demanda, movilizarse y bregar por un servicio de justicia independiente, más transparente y menos corrupto (*****). Solo así la clase política podría incluirla dentro de una eventual agenda de reformas.

8)Poner fin al populismo fiscal: 

El próximo gobierno que asuma en 2023 debe saber identificar los problemas y obstáculos de la Argentina en el camino al progreso. Como ya mencionó el diputado nacional José Luis Espert, las crisis del país en el último medio siglo han sido crisis financieras causadas por un exceso de gasto que ha llevado a los gobiernos ha financiarse vía deuda o emisión monetaria. 

Una regla formal y escrita que impida el aumento del gasto más allá de cierto punto permitiría, previo acuerdo informal entre las diversas fuerzas políticas, generar mayor previsibilidad. Un acuerdo genuino en este sentido permitiría reestablecer los niveles de confianza y evitar las grandes crisis que han azotado a la Argentina. 

Los principales interesados en un acuerdo de este tipo serían los partidos políticos defensores de la república, la oposición al gobierno, las cámaras empresariales y muchos medios de comunicación, a los cuales podrían sumarse ONG, fundaciones y otros actores más informales.  

9)Un fondo anticíclico de la soja: 

Un fondo anticíclico podría blindar a la economía argentina de eventuales shocks externos. Es una medida preventiva que busca dotar de mayor estabilidad al país. 

Un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, en caso de acceder al poder en 2023, debería considerar esta medida, la cual seguramente sea apoyada, con ciertas reservas, por el Frente de Todos y el resto del peronismo.

10)Presidencialismo de coalición (informalmente en Brasil, más propio de un sistema parlamentario): 

En vistas del fracaso patente de los gabinetes integrados por tecnócratas (técnicos no afiliados a ningún partido que asumen en el gabinete como “independientes”) o figuras del círculo cercano del presidente, es necesario reconsiderar la composición del gabinete para tornarlo más representativo de la sociedad, como así también del Congreso Nacional, máxima expresión de la democracia.

La propuesta de que el gabinete nacional se integre con un mínimo de 50% de ministros provenientes de partidos con asiento en el Congreso es difícil de implementar en un país presidencialista como la Argentina, aunque se aplica informalmente en Brasil desde hace muchos años, con escazas excepciones. 

Conclusión

En síntesis, he pensado diez reformas a la Constitución Nacional, algunas más viables políticamente que otras. Entre las reformas más viables figurarían a priori la eliminación de la reelección presidencial inmediata, la modificación del calendario electoral, la derogación de los DNU y la creación de un fondo anticíclico que permita surfear las crisis.

No obstante, el proceso político es dinámico y algunas de las reformas o medidas que hoy parecen inviables o inconvenientes, podrían tornarse factibles en un futuro no lejano (y viceversa). Primero es necesario poner la reforma a la Constitución Nacional en agenda y luego considerar una por una las opciones. 

No ignoro tampoco que el producto de una reforma a la Constitución (o el armado de una Constitución de cero como es el caso de Chile) sea fruto de una negociación entre las fuerzas políticas o entre independientes, pero ese proceso de negociación escapa a mis posibilidades y por eso decidí no abordarlo.

Es necesario que la ciudadanía (así como la clase política) reconsidere su postura sobre la inconveniencia de una reforma a la Carta Magna. Aunque su estabilidad es importante, no menos importante es su vitalidad. Actualmente o es letra muerta o posee normas e instituciones inadecuadas que traban el camino al desarrollo.

En este artículo he dado argumentos de por qué la suerte de la Argentina podría cambiar si algunas de estas reformas se efectivizan. Queda por ver si la clase política hace suyo este planteo en los próximos años.

*El fuerte crecimiento de 2021 no es más que la contraparte de la caída de 2020. Para 2022, el Banco Mundial espera un crecimiento de 2,6% anual, mientras que para 2023 de 2,1%: https://www.telam.com.ar/notas/202201/580571-banco-mundial-previsiones-economia-argentina.html

**En mis últimos artículos hice hincapié en la necesidad de enmendar la Carta Magna, pero eso no significa que no haya que modificar leyes nacionales que son inadecuadas. De hecho, la reforma que propongo requeriría un cambio de ciertas leyes

***Sobre una reforma de máxima hablaré en otro artículo 

****La evidencia del último cuarto de siglo en Latinoamérica pone de manifiesto que es preferible evitar la concentración de poder que lidiar con el “problema de la sucesión” presidencial

*****Una justicia independiente de los partidos políticos, no necesariamente de la política. Una justicia que le da la espalda a la política, que no mide los tiempos políticos, podría llevar a una situación indeseable -de ingobernabilidad- como es el caso actualmente de Perú