Los acontecimientos políticos ocurridos en el Perú en las últimas semanas ponen bajo la lupa el funcionamiento de los sistemas políticos en nuestra región.

Podría parecer, a primera vista, que lo acontecido en aquel país dista mucho de ser algo nuevo: desde el año 2018 a la fecha, seis presidentes se han sucedido en un proceso caracterizado por la inestabilidad.

¿Inestabilidad de gobierno o inestabilidad política? Mi punto de vista es que este proceso de inestabilidad gubernamental no ha generado una inestabilidad política que pueda poner en riesgo la economía peruana (*).

De hecho, la economía del país sudamericano se ha mantenido relativamente estable, un fenómeno que ha sorprendido a muchos.

Ahora bien, los hechos recientes desnudan una verdad indisimulable y muchas veces pasada por alto: la falta de preparación del presidente y su partido a la hora de asumir las funciones que le encomendó la ciudadanía.

Esta escasa preparación o ausencia de capacidades ha sido puesta de manifiesto incluso por el propio Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú hasta el 7 de diciembre de 2022. En una entrevista a la cadena CNN hace casi un año, afirmó con total desparpajo: “Nunca me formé para político. Yo no fui entrenado para ser presidente” (**).

Es evidente que el ex presidente no midió ni calculó las consecuencias negativas que esas declaraciones iban a tener en su imagen personal y la reputación de su gobierno.

Probablemente, por medio de ellas, Castillo intentó diferenciarse de sus antecesores, quienes, en su gran mayoría, habían estudiado en el exterior y se habían formado en las mejores universidades del país.

Al hacerlo, buscó, quizás, identificarse con el pensamiento de una porción del pueblo peruano, quien tiene una opinión muy negativa de la elite política que gobernó su país, por buscar favorecer sistemáticamente sus intereses personales y encontrarse en la vereda de enfrente a las demandas ciudadanas.

Con este tipo de declaraciones, pensaba posiblemente ampliar el magro apoyo conseguido en las urnas, proyectando una especie de “representación espejo” con los más humildes.

Interpretaciones aparte, lo cierto es que el canal utilizado para lograr su pretendido propósito (en caso de realmente existir) no pareció ser el más acertado: las declaraciones hechas a una cadena internacional de noticias no tienen eco en los más humildes, en aquellos pueblos olvidados y remotos del interior del Perú. Sectores a los que el progreso no ha llegado o lo ha hecho solo a cuentagotas.

Por el contrario, esas declaraciones sí tienen repercusión en las clases medias y medias-altas del Perú, por no hablar de los círculos de poder en Lima. Para esos sectores, la habilidad, la preparación y las capacidades son requisitos indispensables para acceder a un cargo político tan elevado.

No podría ser menos: como atestiguan algunas de nuestras Constituciones, el presidente ejerce la jefatura del Gobierno. La Constitución del Perú, en su artículo 110, va incluso más allá al afirmar que “El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la Nación”.

¿Pero es que acaso los presidentes violan las leyes cuando intentan acceder a un cargo tal elevado sin haberse previamente preparado?

La respuesta es que no. Las Constituciones latinoamericanas no estipulan requisitos demasiado estrictos para acceder a tal cargo. En todo caso, omiten cualquier referencia a niveles o grados de competencia técnica y/o política.

Como regla general, es necesario haber nacido en el territorio (o, siendo extranjero, tener padre o madre oriundas del lugar) y tener la edad mínima requerida (por lo general, 35 años). En algunos casos, se prohíbe la postulación a personas que incurran en faltas o delitos graves (***)

Con estos requisitos, la mayoría de los ciudadanos de nuestras repúblicas podría aspirar a la más alta magistratura. No obstante, sabemos por experiencia que son pocos los hombres y mujeres aptos para ejercer con eficacia y transparencia un cargo político tan exigente y demandante. En sociedad complejas como las nuestras, estar debidamente preparado es una necesidad.

Requisitos ideales para ser presidente

Con lo dicho hasta aquí, no pretendo eludir la cuestión de la obligación moral que todo aspirante a presidente debiera considerar antes de presentarse: el deber y sentido común instan a todo potencial candidato a prepararse adecuadamente.

Aún así, no queda para nada claro cuáles son los requisitos de contenido a los que debiera someterse un futuro aspirante a la presidencia.

¿Es acaso un título universitario? Si es así, poco más del 75% de los presidentes actualmente en funciones estarían calificados a priori para ejercer el cargo de presidente. No obstante, los magros resultados cosechados por los países latinoamericanos en los últimos años no parecen respaldar esa afirmación (****).

No es una novedad que América Latina goza de los niveles de desigualdad social más altos del mundo por encima de África. Además, es el continente con los niveles de inflación promedio más elevados de la historia. 

Algunas naciones latinoamericanas han logrado mejorar su economía en las últimas décadas, pero socialmente se encuentran aun en deuda (*****). Más aun, las mejoras económicas registradas (medidas a través de indicadores como el PBI per Cápita o el Índice de Desarrollo Humano) no han ido a la par de avances considerables en los sistemas de educación y salud, por poner solo dos ejemplos.

¿Son entonces los estudios de posgrado? Muchos de los presidentes que gobernaron el Perú durante los últimos 20 años han hecho masters en Estados Unidos, sin por ello lograr mejorar la salud y educación públicas. Por no hablar de la ciencia y la tecnología, dos pilares fundamentales de las naciones desarrolladas.

¿Significa esto que los títulos académicos no sirvan a la hora de gobernar? No, solo intento transmitir la idea de que la complejidad de los problemas en nuestras sociedades latinoamericanas excede largamente el nivel de conocimiento que uno o más títulos puedan aportar.

¿Qué está fallando y cuáles son las soluciones?

Diego Bazán, congresista del Perú por el partido Avanza País, planteó hace pocos días la necesidad de que todo aspirante a la presidencia haya pasado por el Congreso de la Nación antes de ser habilitado por las autoridades a competir. En el marco de una reforma a la Constitución, pretendía así ampliar los requisitos necesarios para acceder al máximo cargo.

Considero que esta propuesta está bien direccionada. Va en la línea correcta. Pero tiene un problema: los presidentes podrían fácilmente simular estar trabajando como diputados, cuando en realidad simplemente están ocupando una banca. Trabajar como diputado implica asistir de manera ordinaria a las sesiones, lo mismo que a las comisiones donde se discuten los proyectos de ley que se enviarán al pleno del Congreso. Implica una participación activa en el debate sobre los asuntos públicos.

Cumpliéndose esta condición, un congresista con aspiraciones presidenciales podría encontrarse en mejores condiciones para “triunfar” como presidente.

¿Por qué? Porque tendría un grado de conocimiento de las políticas públicas mayor a la de un novato. Además, en su paso por el Congreso, tuvo que haber entablado vínculos y ensayado el arte de la negociación, un arte inherente a la política democrática. 

Siendo que la unanimidad en asuntos humanos no esta al alcance de las posibilidades (salvo a través de la fuerza y la coerción), la política se sirve de la negociación para alcanzar sus propósitos. Como congresista, lograr la sanción de una ley requiere en el proceso múltiples negociaciones con diferentes actores de veto.

¿Pero es esto suficiente? No. A continuación, intentaré explicar las causas.

El sistema presidencialista no resuelve sus propias fallas

Hasta aquí intenté resumidamente demostrar que:

1)Los títulos universitarios no son garantía a la hora de gobernar bien o mal

2)Haber ocupado una banca en el Congreso de la Nación no es requisito suficiente para ser un buen presidente

3)Haber hecho una carrera política como diputado y senador es muy bueno, pero aun falta más

Si luego de haber hecho una carrera en el Congreso y haberme destacado en funciones, mis pares deciden que no soy el más preparado para gobernar, debería desistir de postularme y dejarle el lugar al más capacitado.

Pero, por obvias razones, no es esto lo que sucede en la práctica. En los hechos, la ambición de poder y el orgullo pueden más.

Una solución al alcance: el sistema parlamentario de gobierno

¿Y si acaso pudiésemos cambiar las reglas del sistema y lograr que solo los más preparados lleguen a la cima?

Bueno, es esto lo que, de alguna manera, estipula el sistema parlamentario de gobierno.

En un sistema parlamentario, la ciudadanía vota partidos, no candidatos. Cada partido tiene líderes y referentes que hacen carrera y buscan posicionarse estratégicamente en diferentes cargos y funciones.

Las elecciones a parlamentarios tienen lugar cada cierta cantidad de años. En las mismas, los partidos y alianzas compiten entre sí y de allí resulta un ganador.

En sistemas parlamentarios multipartidarios, como Alemania y España, los partidos entablan negociaciones postelectorales con el objetivo de construir una coalición y constituir gobierno. 

El candidato al cargo de primer ministro (el equivalente al presidente en nuestras repúblicas) es seleccionado por los partidos integrantes de la coalición, teniendo en cuenta una serie de cualidades, como son: liderazgo, capacidad técnica, escucha activa, paciencia, capacidad de entablar consensos, entre otros atributos. Suele ser nombrado por el jefe de Estado: el presidente o el rey (figura importante que actualmente no ejerce el rol de gobierno).

Allí reside el carácter selectivo del sistema. Esta selección de los mejores no existe en un sistema presidencialista.

La ciudadanía en nuestras repúblicas vota presidentes en base al carisma, la apariencia física, la capacidad de interactuar en cámara, la presencia y en base al tipo de liderazgo según la coyuntura (con una fuerte propensión a los liderazgos “fuertes”). Además, la capacidad económica de los candidatos suele tener un peso desproporcionado en el resultado final.

Cualidades como la capacidad técnica, la escucha activa, la habilidad para negociar y entablar consensos duraderos y la de actuar como “moderador” y modelador de intereses diversos y contrapuestos no entran prácticamente en la consideración del elector.

¿Es posible que algún día la ciudadanía vote diferente? Sí. Pero la experiencia demuestra que las motivaciones detrás del voto en sistemas presidencialistas son relativamente estables.

Además, muchos de los atributos y cualidades presentes en los líderes políticos son inaccesibles (léase, son imposibles de conocer) para los ciudadanos de a pie.

Un sistema parlamentario se erige así en un sustituto inmejorable para un sistema caduco, disfuncional y que en nada resuelve las problemáticas ciudadanas.  

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*Es necesario diferenciar, por un lado, la inestabilidad gubernamental, es decir, la inestabilidad del personal electo en sufragios libres y transparentes y, por otro lado, la inestabilidad política, que abarca, además del personal político, la variabilidad de las políticas públicas

** La entrevista a Pedro Castillo Terrones en el siguiente link: https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/24/pedro-castillo-entrevista-orix/

***La Constitución de Bolivia en su artículo 61 inc. 5 impone como requisito “no haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por la ley”. La Constitución de Chile fija como requisito para ser ciudadano no haber sido condenado a “pena aflictiva” (art. 13)

****En 13 de las 17 repúblicas presidencialistas de América Latina, el presidente cuenta con, al menos, 1 título universitario. Las excepciones son Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil

*****Perú y Chile son buenos ejemplos